Eugenio García Gascón
Oficiales y soldados reconocen que en la ofensiva del verano
pasado abrieron fuego indiscriminado contra civiles y zonas urbanas, una
circunstancia que elevó drásticamente el número de víctimas y puede
constituir crímenes de guerra. Los testimonios de más de sesenta
oficiales y soldados confirman que Israel causó una indiscriminada
matanza de palestinos civiles y una […]
A la insistencia del periodista sobre si la CPI investigará a oficiales israelíes de rango bajo y medio, Bensouda respondió: “Si se abre una investigación en una situación dada, mi oficina se guiará por una política de investigar y perseguir a quienes tengan mayor responsabilidad en la ejecución de crímenes masivos”.
Mientras las normas de ejército israelí especifican que el soldado debe disparar después de comprobar que el enemigo tienen un arma, los soldados entrevistados declaran que sus oficiales les ordenaron disparar “contra cualquier amenaza inminente o sospechosa”, lo que abrió la posibilidad del fuego indiscriminado y explica el elevado número de víctimas.
El informe recalca que en algunas ocasiones el fuego masivo contra áreas civiles palestinas no solo no obedecía a las necesidades operativas del combate sino que “servía a intereses políticos y diplomáticos”, es decir estaba en función de cómo marchaban las negociaciones para un alto el fuego.
Los testimonios de más de sesenta oficiales y
soldados confirman que Israel causó una indiscriminada matanza de
palestinos civiles y una destrucción desproporcionada durante la
operación Margen Protector del verano pasado contra la Franja de Gaza,cuando murieron más de 2.100 palestinos y resultaron heridos casi once mil, en su inmensa mayoría civiles.
Los testimonios los recoge la ONG israelí Rompiendo el Silencio (RS),
integrada por oficiales y soldados en servicio o en la reserva que se
pronuncian contra la ocupación de Cisjordania y Gaza. El 25% de los
testimonios corresponde a oficiales hasta el grado de comandante,
mientras que el resto son de suboficiales y soldados. Sus declaraciones
“se han investigado meticulosamente para garantizar su veracidad”, ha
dicho RS.
El informe “suscita serias
preocupaciones por la violación sistemática y no accidental de
principios claves de las leyes de la guerra”
El abogado israelí Michael Sfard, consejero legal de RS, considera que el informe “suscita serias preocupacionespor la violación sistemática y no accidental
de principios claves de las leyes de la guerra, que se han establecido
precisamente para evitar lo que ocurrió en la Franja de Gaza: la matanza
masiva de civiles y una vasta e indiscriminada destrucción de edificios
civiles y de barrios”.
El director de RS, Yuli Novak, no es menos contundente. “Mediante estos testimonios nos enteramos de que existe un amplio fracaso ético en las normas de combate del ejército, y
de que este fracaso se origina en lo más alto de la cadena de mando y
no es simplemente el resultado de ‘algunas manzanas podridas’”.
La ONG denuncia que las normas de combate que recibieron los soldados que participaron en la operación eran “las más permisivas que jamás se han oído”,
lo que explica el elevado número de víctimas, así como la destrucción
de millares de viviendas durante los meses de julio y agosto de 2014.
Muchos de los soldados entrevistados afirman que las órdenes eran
disparar a matar a cualquier persona.
Muchos de los soldados entrevistados afirman que las órdenes eran disparar a matar a cualquier persona
El informe aparece mientras la fiscal de la Corte
Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, está considerando la
posibilidad de abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en
los territorios palestinos ocupados a partir de junio de 2014, o sea
poco antes de que Israel desencadenara los ataques contra Gaza.
La fiscal de la CPI declaró el viernes al diario Haaretz que
en el caso de abrir la investigación, lo que aún no se ha decidido, la
fiscalía podría investigar a soldados y oficiales de bajo rango con el
fin de utilizar sus testimonios “contra quienes son más responsables”, es decir contra los jefes militares y los dirigentes políticos que autorizaron la operación.A la insistencia del periodista sobre si la CPI investigará a oficiales israelíes de rango bajo y medio, Bensouda respondió: “Si se abre una investigación en una situación dada, mi oficina se guiará por una política de investigar y perseguir a quienes tengan mayor responsabilidad en la ejecución de crímenes masivos”.
Se da la circunstancia de que según Yuli Novak, director de RS, es necesaria una “investigación externa”
que examine los graves hechos ocurridos en la Franja el verano pasado,
pero es muy probable que el gobierno israelí no realice una tarea de
este tipo, de manera que será la CPI la que tenga la posibilidad de
investigar aquellos hechos, suponiendo que decida abrir una
investigación.
Los testimonios recogidos por la ONG pueden servir de base para la
investigación de la CPI, aunque RS no revela el nombre de ninguno de los
testigos con el fin de protegerlos. De hacerlo, además, los tribunales
israelíes podrían proceder contra Rompiendo el Silencio por revelar el
nombre de los testigos.
Los testimonios recogidos por la ONG pueden servir de base para la investigación de la Corte Penal Iinternacional
RS dice que los testimonios muestran el “contraste”
existente entre lo que durante la guerra afirmaban los portavoces
oficiales israelíes y la realidad de lo que ocurrió. La política del
ejército, explica el informe, consistió en considerar que todo civil que
no había abandonado los territorios atacados después de las
advertencias del ejército, incluidos los civiles, eran “objetivos legítimos”.
Se abrió fuego masivamente con cañones y morteros, “que son incapaces de disparar con precisión”,
dice el informe, y que en algunas ocasiones “impactaban a cientos de
metros de los objetivos”. Cualquier persona, civil o no, era enemigo. El
informe agrega que los oficiales de alta graduación “hacían
declaraciones que exigían una conducta brutal y no ética”, y que sus palabras eran incluso “racistas” (según los testimonios números 70 y 106 del informe).Mientras las normas de ejército israelí especifican que el soldado debe disparar después de comprobar que el enemigo tienen un arma, los soldados entrevistados declaran que sus oficiales les ordenaron disparar “contra cualquier amenaza inminente o sospechosa”, lo que abrió la posibilidad del fuego indiscriminado y explica el elevado número de víctimas.
El fuego masivo contra civiles no solo
no obedecía a necesidades operativas sino que “servía a intereses
políticos y diplomáticos”
Había ocasiones en que los soldados “disparaban sin
ninguna relevancia operativa”, y otras veces se disparaba contra
vehículos palestinos “por apuestas que se cruzaban los soldados entre sí”, y se practicaba el “vandalismo” y el “saqueo”.
No solo las órdenes de los superiores eran vagas, y deliberadamente “poco claras y poco rigurosas”, sino que “a veces se disparaba a una escala más masiva”,
como ocurrió durante la aplicación de la llamada Directiva Aníbal en la
ciudad de Rafah o en el intento de rescate de un soldado en el barrio
de Shuyaiya, al este de la ciudad de Gaza, donde claramente se ignoró la
seguridad de los civiles (testimonios 58, 60 y 103).El informe recalca que en algunas ocasiones el fuego masivo contra áreas civiles palestinas no solo no obedecía a las necesidades operativas del combate sino que “servía a intereses políticos y diplomáticos”, es decir estaba en función de cómo marchaban las negociaciones para un alto el fuego.
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