ANNA FLOTATS
MADRID.- Germán Velásquez
(Manizales, Colombia, 1948) trabajó durante más de 20 años en la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y acabó diciendo de ella que se
ha "privatizado". Sin embargo, su investigación y lucha por el acceso a
los medicamentos esenciales le llevó a coordinar el programa de acción
sobre medicamentos de esta organización. Ahora es asesor especial en el Centro del Sur,
una organización con sede en Ginebra formada por 54 países en vías de
desarrollo. Precursor en el debate sobre la mercantilización de la
salud, será investido Doctor Honoris Causa por la Universidad
Complutense de Madrid este lunes. A poco más de un mes para que empiece
la campaña electoral en España, Velásquez advierte a los políticos de
que, por suerte, la sociedad civil es más consciente que nunca de cuáles
son sus derechos: "Hoy en los países del sur mueren miles de personas
por no tener acceso a la sanidad. En España, antes que los ciudadanos
paguen de su bolsillo el 100% del precio de los fármacos, cae el
Gobierno".
La UCM le inviste Doctor Honoris Causa por ser "una de las voces más críticas frente al inmovilismo de los Gobiernos en cuanto al problema de acceso a medicamentos” y por denunciar “la pérdida de independencia y de credibilidad de los organismos internacionales”. ¿Cómo interpreta este reconocimiento?
En cierta forma, es un reconocimiento a una causa,
más que a una persona. Yo represento una lucha compartida con mucha otra
gente contra la limitación en el acceso a medicamentos en los países
del sur y, hoy en día, incluso en los países del norte. Esta distinción
me llega en un momento muy importante para mí porque, después de 25 años
de trabajo en este campo, me doy cuenta de que la solución no puede
venir de la ONU —donde hay una superficialidad brutal y poca elaboración
a nivel conceptual— ni de los gobiernos, porque son miopes y buscan
soluciones a corto plazo a pesar de que en salud pública no se pueden
hacer milagros en dos o tres años. Los políticos tratan de quedarse en
el poder pero no buscan soluciones que puedan durar muchos años porque
ya no estarán en el poder. Por lo tanto, la única solución está en la
academia. La universidad puede encontrar soluciones a la falta de acceso
a los medicamentos en el sur y, recientemente, en Europa.
¿De qué manera?
Construyendo otros modelos que permitan una
investigación con una rentabilidad sana y garantizando el acceso. El
sistema actual consiste en investigar con fondos públicos o privados,
patentarlo todo y vender los fármacos a un precio altísimo que puede
significar una restricción en el acceso. Tenemos que encontrar un
esquema en el que no haya que pasar por el sistema de patentes, en el
que el medicamento esté en el dominio público y pueda venderse a precios
competitivos. La universidad puede demostrar a los Estados y a los
organismos internacionales que hay otros modelos posibles para hacer
investigación de una forma rentable pero logrando que todas las personas
puedan acceder a ella.
¿Por qué la industria farmacéutica sigue anteponiendo sus intereses económicos a la salud pública sin recibir castigo alguno?
Históricamente, la industria farmacéutica, que es
bastante joven, no tiene ni 100 años, estaba formada por empresas
familiares supervisadas por los gobiernos nacionales. Pero cuando se
generaliza el sistema de patentes, la industria ya estaba concebida como
un mecanismo con ánimo de lucro cuya filosofía es, en primer lugar,
ganar dinero y, eventualmente, curar o tratar a algunas personas. Así,
se desarrollaron unos monstruos gigantescos que hoy son transnacionales,
es decir, que sobrepasan la nación no sólo en capitales y tamaño, sino
en la capacidad de supervisión de los Estados.
"La industria farmacéutica, como está constituida hoy en día, es enemiga de la salud pública"
Aunque ha denunciado el "capitalismo especulativo" de la industria y su "afán de lucro inmediato", niega que sea, como se dice a veces, un "enemigo" de las farmacéuticas.
Efectivamente, no soy un enemigo de la industria
farmacéutica. Pero es que la industria farmacéutica, como está
constituida hoy en día, es enemiga de la salud pública. La industria
farmacéutica logra unos beneficios —del orden del 20%— que no los tiene
ni la industria financiera, del armamento o del automóvil. Como muchos
medicamentos secuestrados bajo una patente durante 20 años, el
fabricante pone el precio que quiere y, normalmente, no tiene nada que
ver con el costo de producción. El director general de Gilead, la firma
que desarrolla el medicamento que cura la Hepatitis C y que se vende en
EEUU por 82.000 dólares (el tratamiento de 12 semanas) dijo en una
entrevista que fijó el precio teniendo en cuenta que un trasplante de
hígado (a lo que puede conducir esta enfermedad) cuesta casi 100.000
dólares.
En España, el Gobierno acordó pagar 25.000 euros a la farmacéutica por cada tratamiento de Sovaldi
Eso fue una solución política, no una solución real.
En 2008, el Gobierno español prohibió endeudarse a las comunidades
autónomas sin el permiso del Gobierno central. Lo que pasó con la compra
del medicamento contra la Hepatits C es que el Gobierno levantó ese
veto, pero eso no quiere decir que las comunidades vayan a endeudarse ni
que sea razonable hacerlo. El gobierno francés y el español negociaron a
la vez con la farmacéutica, pero España llegó a un precio de 25.000
euros y Francia, de 45.000. Esto es un engaño. Cuando uno hace un
negocio y gana el doble o el triple, puede decirse que es un buen
negocio. Pero si algo que te cuesta menos de 200 euros —el costo del
tratamiento de 12 semanas contra la Hepatitis— lo vendes a 82.000
dólares en EEUU... eso no es un buen negocio, sino un fraude. Es la
misma filosofía de un perfume: se vende a un precio terriblemente
elevado y lo compra una minoría porque no hace falta que lo compre la
mayoría de la población. Sería trágico para Dior que todo el mundo se
perfumara con el mismo perfume. Casi es igual de cínico lo que pasa con
los medicamentos. Por otra parte, el gobierno de España, como cualquier
otro miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tiene el
derecho de retirar la patente del medicamento contra la Hepatitits C
para que lo produzca cualquiera. Se llama licencia obligatoria, pero los
Estados no lo hacen porque hay muchas presiones de las farmacéuticas y
presiones directas del Gobierno de EEUU para que no se hagan licencias
obligatorias a sus firmas privadas. De una manera política, se protegen
los intereses de las firmas privadas.
"El Gobierno de España, como cualquier
otro miembro de la OMC, tiene el derecho de retirar la patente del
medicamento contra la Hepatitits C para que lo produzca cualquiera"
En este contexto, ¿se justifican las patentes?
Sería simplista decir que no se justifican y que hay
que quitarlas mañana. Pero lo que sí se puede decir es que las
patentes, como están siendo utilizadas hoy, no se justifican porque se
usan de manera irresponsable. En un año salen entre tres y cinco
productos innovadores; sin embargo, se otorgan varios cientos e incluso
miles de patentes farmacéuticas. Hay muchos medicamentos bajo patente
que no son innovación y que deberían estar en el dominio público y ser
comercializados en competencia para que los precios bajaran. Habría que
poner orden y hacer más transparente y riguroso el sistema de patentes
para que sólo unos medicamentos, muy pocos, puedan tener una patente y
que el Estado dé la posibilidad a quien lo inventó de recuperar su
inversión. Pero esa remuneración no puede ser tan elevada que bloquee el
acceso. Hay que combinar innovación con acceso porque ¿de qué sirve
innovar en medicamentos si la gente no puede acceder a ellos?
Usted ha escrito que la sociedad contemporánea tiene capacidad técnica y financiera de producir medicamentos que salven millones de vidas. ¿Quién no está haciendo su trabajo?
Todos somos un poco culpables. Los Estados son
culpables de haber tolerado este desorden. La industria está especulando
con la vida de las personas y los organismos internacionales, como la
OMS, son culpables de no fijar las reglas del juego.
¿Qué solución propone?
Hacer un tratado internacional vinculante y que
todos los países que lo firmen aprueben una ley en sus respectivos
parlamentos. La OMS tiene la capacidad de negociar tratados vinculantes,
pero en sus 65 años de historia sólo lo ha hecho una vez. Fue la
convención marco contra el tabaco y es evidente que fue una decisión
increíblemente eficaz. La OMC elabora reglas de comercio internacional
que son decisiones vinculantes, de aplicación obligatoria. En cambio, en
salud pública no hay leyes, todo son recomendaciones. Es absurdo.
Debería hacerse un tratado vinculante que se negocie en Ginebra y que
cada país, en función de su PIB, apruebe una contribución para crear un
fondo común con el que se investigue de tal manera que el fruto de la
investigación esté en el dominio público, no haya que patentarlo y que,
por tanto, esté al servicio de los países ricos y pobres.
"Es absurdo que en salud pública no haya leyes, sino sólo recomendaciones"
¿Qué papel juegan los genéricos en este escenario?
El genérico es un aliado de los sistemas de salud.
En África, el 99% de los antirretrovirales son medicamentos que vienen
de la India, genéricos. Pero todos los nuevos medicamentos están
secuestrados por la patente, tienen que esperar 20 años y para un
enfermo de sida es demasiado tiempo. Hay que dejar claro que los
genéricos no son fundaciones filantrópicas ni Hermanitas de la Caridad;
son negociantes, están haciendo dinero. Pero su filosofía es producir
grandes cantidades de medicamentos a precios bajos para que puedan
adquirirlos la mayor parte de la población. No es la filosofía del
perfume; el genérico tiene una filosofía más conforme a un criterio de
salud pública.
En los últimos años, España ha introducido el copago, ha privatizado hospitales y ha limitado el acceso a la sanidad a los inmigrantes. Todo, según el Gobierno, para ahorrar. ¿Qué le parece?
Me parece un retroceso triste e inadmisible porque
España no ha recortado en gasto, sino en derechos y eso no es sano. En
las últimas dos décadas, nos han vendido que el Estado despilfarra y no
es eficiente, y que por eso hay que entregarle la gestión sanitaria a
empresas privadas. Pero si privatizamos un hospital corremos el riesgo
de que se convierta en una empresa con ánimo lucrativo antes que en un
servicio público. Hay que introducir eficiencia administrativa, pero
¿quién ha dicho que el sector público no pueda hacerlo?
¿Es posible recuperar lo que hemos perdido?
Sí, pero es necesaria más transparencia en el
proceso de investigación y desarrollo de los medicamentos. El sistema
sanitario es un servicio público que tiene que ser rentable, pero su
objetivo principal debe ser investigar para ayudar a la sociedad a
mantenerse saludable o a curarse de una enfermedad. Debe haber una
agenda de investigación en función de las enfermedades reales de la
gente. Hoy se investigan enfermedades que pueden ser rentables y si no
es una enfermedad, se crea. Por ejemplo, el trastorno de déficit de
atención e hiperactividad (TDAH) en los niños. Es una enfermedad que se
ha creado porque supone un negocio rentabe: son medicamentos sobre
patentes que deben administrarse durante un largo tiempo. La industria
farmacéutica dejó de hacer medicamentos para curar. Hoy el 80% de los
medicamentos que hay en el mercado son para tratar. Los fármacos contra
el sida, para la hipertensión, la diabetes o contra enfermedades
cardiovasculares deben tomarse toda la vida. Si sacamos un medicamento
contra el cáncer de mama, en vez de un tratamiento, estaremos matando el
negocio porque al cabo de un tiempo perderemos un cliente. El Estado
tendría que exigir que los medicamentos nuevos curen o prevengan.
"Hoy se investigan enfermedades que pueden ser rentables y si no es una enfermedad, se crea"
Es más rentable "matar" a la persona que "matar" el negocio.
En parte, sí. A la industria farmacéutica lo que
menos le preocupa es el paciente. Trata de asegurar sus beneficios. Un
estudio de la revista Lancet que analiza los 70 medicamentos
contra el cáncer que fueron puestos en el mercado en los últimos 10 años
en EEUU demuestra que su único beneficio es prolongar la vida del
paciente una media de dos meses. Algunos de estos fármacos cuestan hasta
100.000 dólares. Son ejercicios de especulación que no podemos
permitirnos.
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