El gobierno del PP ha adjudicado al banco de los narcotraficantes HSBC
la gestión del dinero de las pensiones de la Seguridad Social de los más
de 700.000 españoles que viven en el extranjero. La resolución se
aprobó en marzo y el contrato se formalizó en abril. Para tapar el
escándalo la resolución no se va a publicar en el Boletín Oficial del
Estado.Los narcos se apoderan de un botín que asciende a la cantidad de 6.300
millones de euros anuales durante los próximos cinco años que permitirán
que la lavadora mafiosa amplíe la escala de sus operaciones en todo el
mundo.
Hay pensionistas españoles en 140 países del mundo y los beneficios colaterales de los más de 700.000 nuevos clientes pueden ser suculentos, tanto por el volumen de los fondos y la fluctuación de las divisas como por la colocación de seguros y otros productos bancarios.
El chiringuito financiero de los narcos cuenta con apenas 180 trabajadores en España y no ofrece servicios al público. En la actualidad se dispone a despedir a 50.000 trabajadores en sus 6.100 oficinas en los cinco continentes, así como la retirada de Turquía y Brasil.
A cambio del trapicheo con el Estado los narcotraficantes van a pagar a la Seguridad Social 2,7 millones de euros durante los cinco años de duración del acuerdo. Con esa oferta por el manejo de 31.500 millones de euros hasta mediados de 2020 dejó fuera de juego al Opus Dei-Banco Popular, que poseía la contrata y cobraba comisión por los servicios bancarios, y al Cecabank, en el que participan las antiguas cajas de ahorros.
Hay otra contraprestación adicional: los narcos van a echar una mano al gobierno de Rajoy, que la necesitará en las inminentes elecciones. En el último informe trimestral los contables de los narcos “advierten” sobre “el posible enfriamiento del consumo y la ralentización de la inversión exterior” debido al auge del partido “radical de izquierda” Podemos y de la “excesiva fragmentación parlamentaria” provocada también por el ascenso de la fuerza “reformista” Ciudadanos.
Hay pensionistas españoles en 140 países del mundo y los beneficios colaterales de los más de 700.000 nuevos clientes pueden ser suculentos, tanto por el volumen de los fondos y la fluctuación de las divisas como por la colocación de seguros y otros productos bancarios.
El chiringuito financiero de los narcos cuenta con apenas 180 trabajadores en España y no ofrece servicios al público. En la actualidad se dispone a despedir a 50.000 trabajadores en sus 6.100 oficinas en los cinco continentes, así como la retirada de Turquía y Brasil.
A cambio del trapicheo con el Estado los narcotraficantes van a pagar a la Seguridad Social 2,7 millones de euros durante los cinco años de duración del acuerdo. Con esa oferta por el manejo de 31.500 millones de euros hasta mediados de 2020 dejó fuera de juego al Opus Dei-Banco Popular, que poseía la contrata y cobraba comisión por los servicios bancarios, y al Cecabank, en el que participan las antiguas cajas de ahorros.
Hay otra contraprestación adicional: los narcos van a echar una mano al gobierno de Rajoy, que la necesitará en las inminentes elecciones. En el último informe trimestral los contables de los narcos “advierten” sobre “el posible enfriamiento del consumo y la ralentización de la inversión exterior” debido al auge del partido “radical de izquierda” Podemos y de la “excesiva fragmentación parlamentaria” provocada también por el ascenso de la fuerza “reformista” Ciudadanos.
Los mafiosos se entienden a la perfección.
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