Miles de personas se dieron cita ayer en
Elgoibar para reclamar la puesta en libertad de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Miren
Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto, las cinco personas encarceladas
hace cinco años por el denominado «caso Bateragune». La movilización, que
partió a las 17.00 desde el centro de la localidad natal del líder
independentista, estuvo marcada por la presencia de políticos y sindicalistas
de diferentes ideologías.
Así, junto a los representantes de los
partidos que forman EH Bildu se dejaron ver la exconsejera del PSE Gemma
Zabaleta, el exconsejero de EB Javier Madrazo, Joan Tardá (ERC), David
Fernández (CUP), Xabier Campos (BNG), Ainhoa Aznarez (PSN), Lois Pérez (La Izquierda), Txiki Muñoz
(ELA) y Jabi Garnika (LAB), entre otros muchos.
Todos secundaron una marcha en la que se
reclamó la libertad de los cinco «por ser ellos la auténtica garantía para paz
de Euskal Herria y la resolución definitiva del conflicto vasco», tal como
sostiene Alfonso Pérez Esquivel. En su escrito, que fue leído por Pérez Leira
ante los presentes, el premio Nobel de la Paz considera que el castigo aplicado contra
estos políticos presos «una ofensa contra la humanidad».
Un obstáculo para la paz
Antes de que diera comienzo la
manifestación, el portavoz de Sortu Pernando Barrena afirmó que Madrid es «un
obstáculo permanente para las ansias de paz y libertad» de Euskal Herria.
Asimismo, remarcó que los vascos deben tener «una posición de Estado en defensa
del proceso de paz y de un mínimo democrático, como es el derecho a decidir su
futuro».
Por su parte, Jon Iñarritu (Aralar)
denunció que los condenados por el «caso Bateragune» están presos por «haber
luchado por la paz». A su juicio, esto supone un «caso sin igual que no se da
en el mundo». En la misma línea, Oskar Matute (Alternatiba) destacó que
mantenerles en prisión «no obedece más que a una estrategia puramente represiva
y meramente vengativa del Gobierno español, que va en contra de lo que sociedad
vasca demanda de forma mayoritaria».
Por último Tardá cargó contra el Ejecutivo
de Rajoy por «levantar la bandera de la venganza» contra aquellos líderes que «se
han comprometido con la paz y la reconciliación de los corazones, y la solución
de los conflictos por la vía democrática».
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