Juan Manuel Olarieta
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En mayo de 2012 se destapó una red de espionaje, el caso Pitiusa, que
manejaba un ingente volumen de información sobre los ciudadanos de este
país. Policía, Guardia Civil, Ejército, Servicios Secretos y empresas
privadas aparecen confabulados en una trama, la mayor conocida hasta la
fecha, que no va dirigida contra ningún país extranjero, ni tiene
tampoco objetivos militares.
La conexión del CNI con este entramado es obvia. El imputado clave de la
trama es Matías Bevilacqua-Brechbuhler, que trabaja para el CNI, según
ha confirmado a la policía el propio servicio de espionaje. De origen
argentino, Bevilacqua empezó su carrera como pirata informático y en
Barcelona organizó la empresa CF Labs por cuenta del CNI. Fue director
técnico de la plataforma esCERT, encargada de coordinar el Proyecto
Europeo EISPP, financiado con fondos comunitarios.
CF Labs participa en el Laboratorio de Protección Cibernética de
Infraestructuras Críticas, una de las empresas adjudicatarias del Centro
Nacional de Excelencia de Ciberseguridad. No es más que una subcontrata
del Ministerio del Interior. La Comisión Europea adjudicó el proyecto a
dicho Ministerio, al Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad
(ICFS) y a varias empresas privadas asociadas al mismo.
El Centro Nacional de CiberSeguridad es el primer centro de espionaje
informático español creado tras el Programa de Infraestructuras Críticas
(PEPIC) aprobado por la Unión Europea con el objetivo de ”proteger la
seguridad nacional del ciberterrorismo y el espionaje industrial”, una
necesidad creciente como consecuencia de la rivalidad entre las grandes
potencias imperialistas y entre las grandes multinacionales. Tiene su
sede en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid donde reside el
ICFS y está dotado con una subvención de más de 700.000 euros concedidos
por la Comisión Europea.
Durante su detención a Bevilacqua le fueron intervenidos 140.000 euros
en metálico, que justificó a la policía diciendo que era el pago de unos
trabajos realizados para el CNI, si bien la policía maquilló su
declaración, reemplazando las siglas del espionaje por “Defensa”. Su
caso es parecido al de Hellín, otro asesor de los aparatos represivos
del Estado. Impartía numerosos cursos de formación a jueces, fiscales y
miembros de la policía y la guardia civil.
Bevilacqua fue quien capturó los correos electrónicos de Urdangarín, que
fueron luego difundidos por Diego Torres, su antiguo socio en Noos. El
abogado de Urdangarin pagó 7.000 euros a CF Labs para recuperar los
correos electrónicos del disco duro de la agencia que llevaba las
cuentas del Instituto Noos.
El pirata era omnipresente. También trabajaba para dos de los detectives
implicados en la trama Pitiusa, Sara Dionisio y Juan Manuel Olivera.
Este último era propietario de Vertex, la empresa que espió a Ignacio
López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. Ambos habían
coincidido en la empresa Cybex con Bevilacqua antes de que éste fundara
CF Labs.
El administrador de Cybex es el detective Juan de la Torre, de la
agencia Intelligence Bureau y en ella trabajaba también Sergio Córcoles,
policía local de Santa Maria de Palautordera, que era propietario de un
apartamento en un complejo de cala Portinatx, en la costa ibicenca.
Nadie se preocupó nunca por la fuente de ingresos de aquel modesto
policía municipal que disfrutaba de tan lujoso chalet.
Tradicionalmente Baleares ha sido el núcleo de operaciones de espionaje.
En este caso el jefe del CNI en las islas ha tenido que prestar
declaración en la causa. El CNI puso a Bevilacqua a trabajar para el
gobierno de Chávez en materia de seguridad informática, aunque la prensa
escribió la noticia al revés: “El imputado Matías Bevilacqua ha
asesorado en materia de seguridad informática al Gobierno de Hugo
Chávez”, titulaba el ABC el 31 de julio del pasado año [2011].
Las multinacionales son una de los nichos de información y de negocio
del espionaje moderno. Yolanda Menal, directora de recursos humanos de
la multinacional Unilever en España, ordenó a Bevilacqua espiar tanto a
proveedores como a empresas de la competencia. Pero además controló el
correo electrónico de sus propios subordinados sin que se enterasen para
afianzar su propio poder y utilizaba los datos para despedir a los
trabajadores. En otras ocasiones Unilever los utilizaba para el
chantaje. A través de las conversaciones telefónicas intervenidas se
demuestra que ofrecían a los trabajadores permisos retribuidos como
salida menos mala y, ante notario, le revisan su ordenador para dar así
cobertura legal a las informaciones que habían extraído previamente del
ordenador de forma ilegal.
Con el mismo fin de represión laboral, la multinacional Du Pont también
intervino los ordenadores de tres trabajadores a los que quería
despedir. Quien encargó las investigaciones en esta ocasión fue el
director del gabinete jurídico, José Luis Badia, que tiene su despacho
en Ginebra. El volumen de datos incautados en los discos duros de los
correos alcanza los 13 gigas de documentación. Los informes que obran en
el sumario son contundentes: los pinchazos de los correos electrónicos
de los empleados se realizan para “motivar los despidos” ante los
tribunales.
Bevilacqua también pinchó el ordenador del consejero delegado de Minas
de Río Tinto, Carlos Estévez, por encargo de la competencia: “Pinchamos
en Outlook, lo conectamos vía Imap, hacemos una réplica en local,
podemos probar a descargarlo desde el despacho y, si funciona, ya no
tenemos que hacer nada más”.
También fue citado a la comisaría de policía Eduardo Garriga, el antiguo
director gerente de la compañía de seguros Mutua Universal. En una de
las conversaciones telefónicas grabadas por la policía al detective
Aitor Gómez y a un tal Tino, un guardia civil le dice al detective: “Si
vienen los del centro [CNI] es para dar cobertura al informante, no para
organizar ellos nada […] Es simplemente de protección, porque no se
fían de la Guardia Civil, que es lo que me dijiste”.
Lo bueno de montar estos tinglados, además de financiar el CNI, es que
cuando se destapa presentan el asunto como si algún desaprensivo
estuviera comerciando con datos privados para su provecho particular.
Así es como presentaron el año pasado a la trama Método3 que espiaba a
los futbolistas del Barcelona. En el caso Pitiusa son nada menos que 80
las agencias de detectives implicadas.
Ningún particular ni red privada es capaz de organizar algo así. El caso
Pitiusa es la trama de criminal más importante organizada en Europa
desde los tiempos de los GAL. Sólo Gladio es comparable. Han sido
capaces de infiltrarse en el Inem, Hacienda, juzgados o policía y han
accedido a todo tipo de información sobre cualquier persona que vive
este país. Contaban con tan buenos informantes que incluso algún soplón
les alertó en diciembre de 2011 de que la policía estaba tras sus pasos.
Además del CNI formaban parte de su trama de colaboradores una red de
funcionarios que se extendía por Hacienda, la Policía Nacional, la
Guardia Civil, el INEM, el catastro, la Seguridad Social, Sanidad,
Hacienda vasca, Tráfico, Registro de la Propiedad, juzgados, entidades
bancarias, compañías eléctricas, empresas de alquiler de coches,
agencias de viaje, compañías aéreas, Movistar, Orange, e incluso estaban
a punto de conseguir un infiltrado en Visa y otros monopolios similares.
Para entender este tipo de entramados hay que entender que en su nuevo
estatuto de personal el CNI está captando a sus espías entre directivos
de multinacionales españolas y extranjeras. Para financiarse el CNI,
vendía luego los datos a los bancos, preocupados por la solvencia de sus
clientes, devoradores de un listado de nombres, teléfonos e historias
laborales que crecía mes a mes.
Aunque el sumario tiene ya 60 tomos, no hay ningún cálculo sobre el
volumen de datos e informes con los que ha traficado esta red a lo largo
de los años que llevaba operando. Tampoco constan las personas que han
sido espiadas. No se ha cuantificado la magnitud del delito, ni en
dinero, ni los datos robados, ni las personas afectadas. La desconfianza
hace pensar en la capacidad de la red para poder robar datos médicos y
vendérselos a empresas aseguradoras, o a los mismos bancos en cuyas
hipotecas incluyen seguros de vida.
Desde sus inicios el número de imputados ha pasado de los 70 iniciales a
los 183 actuales. La progresión geométrica con la que aumenta indica que
se trata solo la punta del iceberg.
En la oficina del Inem de Badalona los funcionarios no solo atendían a
los trabajadores que buscaban empleo, sino que también horneaban
galletas, preparaban empanadillas, fabricaban camisetas y hacían
fotocopias. Con esas palabras en clave se entendían los funcionarios de
la oficina y Francisco García Pérez, “Paco El Conseguidor”, funcionario
jubilado que había trabajado en ella y seguía ejerciendo como
intermediario de la red. En el sumario consta que una pareja de
informadores, Ana Xicola y Eduard Ferrer Torres, pasaban cada mes “hasta
2.500 y 3.000 consultas” a Paco.
En la trama se han visto implicados todos los cuerpos del Estado
(agentes judiciales, policía nacional, guardia civil, militares), todos
ellos encabezados por los únicos que tienen patente de corso: los chicos
del CNI. Las ramificaciones del caso salpican a ministerios como los de
Trabajo e Interior, al CNI y un sin fin de jueces, militares y policías.
Ninguno de los 183 implicados está en prisión.
