REDACCIÓN.
Nada menos que catorce altos cargos abandonaron durante el año 2015 el
Gobierno y la Administración General del Estado. Cada uno de ellos
fueron autorizados para trabajar en la empresa privada antes de que se
cumplieran los dos años a los que obliga la ley. Dicho de una manera
más directa, catorce altos cargos de la Administración del Estado
hicieron uso de las llamadas "puertas giratorias", integrándose en la plantilla de grandes empresas.
Uno de esos afortunados fue el que ostentara el cargo de subsecretario
de la Presidencia hasta el pasado mes de junio. En efecto, Jaime Pérez Renovales, fue autorizado a trabajar para Banco Santander a
principios de verano. El sujeto en cuestión obtuvo el permiso
gubernamental para presidir nada menos que los Consejos de
Administracion de cinco grandes compañías distintas, todas ellas
propiedad del Grupo Santander, la entidad financiera de la familia Botín.
Por su parte, otra gran entidad financiera el Banco Sabadell, alistó entre sus filas a la exconsejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Ana Isabel Fernández. Desde hace algo mas de un mes, la hasta ahora encargada de la vigilancia del mercado de valores no sólo "milita" en las acaudaladas filas del Banco Sabadell, sino que ha pasado, además, a integrar dos Consejos de Administración dependientes de la aseguradora Mapfre.
Con igual suerte ha corrido el ex delegado del Gobierno en Valencia, Serafín Castellano,
que hace sólo medio año fue detenido e imputado por supuestas
irregularidades en adjudicaciones a empresas durante el ejercicio de sus
funciones como Consejero de Gobernación del Gobierno autónomo
valenciano. Hace menos de treinta dias fue autorizado para el “ejercicio libre de la abogacía por cuenta propia”.
Cuando para los que han perdido su empleo en españa la pérdida del
puesto de trabajo les supone, en el mejor de los casos, permanecer
varios años en esa situación, a Pablo Landecho, en cambio, exdirector general del Consorcio Valencia 2007 bajo la "peculiar" presidencia de Francisco Camps, fue autorizado igualmente a hacer uso de su particular puerta giratoria.
Pedro García Navarro, director de la autoridad portuaria de Huelva,
tuvo mejor suerte que los anteriormente citados. Este individuo no se
ha visto siquiera obligado a abandonar el ámbito de la función pública
que hasta ahora ejercía. Ha pasado a dirigir directamente y sin apeadero
nada menos que la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias.
El conocido ex fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce
pasó en linea directa desde el cargo que ejercía en las altas
instancias judiciales del Estado, al poderoso despacho de abogados Garrigues, sin que cumpliera el plazo preceptivo de dos años de incompatibilidad después de su cese.
Gallardón,
el catolicísimo ministro de Justicia dimisionario, fue convenientemente
autorizado para que pudiera desempeñar tres trabajos simultaneamente:
como profesor ayudante en la Universidad Internacional de La Rioja, como colaborador en la consultora especializada en conferencias Thinking Heads y, también, facultado para ejercer la abogacía.
Pero la lista no termina aquí. El expresidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, que se integró de forma automática en el bufete internacional "Herbert Smith Freehills", estaba ya en la nómina de la consultora Everis desde el mes marzo de 2015.
Con estos elocuentes datos en la mano ¿quien se atreve a argumentar que en España no se está combatiendo eficazmente el paro?
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