NO NOS BASTA CON ECHAR AL GOBIERNO, ES NECESARIO CAMBIAR RADICALMENTE DE SISTEMA

Se está produciendo una crisis generalizada del sistema capitalista.
Está claro que las políticas de ajuste presupuestario, que empobrecen a trabajadores y a un amplio sector de la pequeña burguesía, van a seguir contando con el rechazo y la movilización en su contra; de hecho ya hay nuevas convocatorias de movilización.

 A diferencia de lo ocurrido en las últimas décadas, son también los pueblos de los países industrializados los que estamos sufriendo los efectos devastadores de este criminal sistema en el que vivimos. Especialmente virulentos están siendo en la UE donde su inconsistencia política y, sobre todo, económica ha hecho que los intereses de las burguesías de los países del centro y los de la periferia se contrapongan y el sistema monetario de prioridad a las primeras y sean los pueblos de los segundos quienes sufran estos desajustes.

Queda patente la necesidad de movilizarse y de plantear alternativas al sistema. Como sabemos, y como afirma Engels en el prefacio del Manifiesto Comunista, “la emancipación de los trabajadores sólo puede ser obra de los trabajadores mismos”. Por eso no se puede obstaculizar la actividad de las masas, ni poner impedimentos a la libre organización de los trabajadores. Pero ¿qué objetivos persiguen las actuales movilizaciones? Está claro que han sido capaces de encauzar el malestar contra las políticas económicas impuestas desde la UE (Alemania) pero parecen no tener objetivos estratégicos definidos o, en todo caso, si los tienen, son de tipo cortoplacista y reformista que no van a la raíz del problema y no cambiarán la actual situación.


Si tenemos en cuenta experiencias pasadas, está claro que no podemos poner nuestras esperanzas en los procesos electorales burgueses por muy “democráticos” que estos sean. El margen de actuación de cualquier gobierno dentro del actual orden de cosas es estrecho.  En el marco de un Estado burgués, cualquier gobierno, sea del color que sea, sólo puede limitarse a ser un mero gestor de los intereses del capital. En  caso de que el nuevo gobierno salido de las elecciones se atreviese  a sobrepasar los límites impuestos por el Estado burgués y por su legalidad, será desplazado del gobierno, ya sea pacíficamente o, si fuese preciso, por la fuerza. Tenemos varios ejemplos de ello en la historia.

¿Cómo pretendemos entonces un cambio radical si no afrontamos la raíz del problema? La UE está demostrando día a día que es una construcción política al servicio de la oligarquía, especialmente de la de los países del Norte de Europa y que es una construcción política contra los pueblos europeos. Son “los mercados” y en especial el de la deuda los que dictan sentencia; ahogan a amplias capas de la sociedad, empobreciendo y acelerando las diferencias de clase entre los poseedores de los medios de producción y los que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para subsistir.

La actual democracia, la democracia burguesa, no es una verdadera democracia. Es una democracia ficticia, una democracia formal, aparente. La democracia no puede ser, como lo es ahora, para una minoría. Obligatoriamente, para poder denominarse así, tiene que estar al servicio del pueblo, de los trabajadores y trabajadoras, de las y los jóvenes, las mujeres, etc. No puede limitarse a permitirnos votar cada cuatro años. Debe de ser permanente y participativa. Debe estar abierta tanto a partidos políticos como a movimientos sociales. No puede ser una democracia en la que se reconozcan de palabra unos derechos y libertades, en la que aparentemente todos los ciudadanos somos “iguales ante la ley” y todos gozamos de “los mismos derechos y deberes”, pero donde esa igualdad legal oculta y refuerza la desigualdad real entre los pobres y los ricos, entre los explotados y los explotadores.

Lo que de verdad necesitan los pueblos es un radical cambio de sistema. Un sistema más justo y más democrático que supere el estrecho horizonte de la democracia burguesa. Para que la democracia sea real, se tiene que extender tanto al ámbito político, como al económico y al social.

En lo político, debe reconocer y proteger los derechos de las personas y de los pueblos, entre ellos el derecho de autodeterminación. En todos los sitios donde se pueda, hay que combinar la democracia representativa (elecciones) con la directa (asambleas) y la semi-directa (consultas y referéndums). Hay que favorecer el control del pueblo sobre las instituciones, tanto sobre su actividad política como sobre el gasto público y posibilitar su participación en la gestión administrativa del Estado. Se debe agilizar la tramitación legislativa y facilitar la iniciativa legislativa popular. Hay que establecer mecanismos de revocabilidad de los cargos públicos y crear nuevas formas de participación. Es preciso potenciar la auto-organización y la participación popular: consejos consultivos, comités y asambleas de barrio, etc.

También es necesario facilitar el acceso de las organizaciones obreras y populares a todos los medios de comunicación y proporcionarles locales adecuados para reunirse. En la democracia burguesa, quienes verdaderamente pueden ejercer su derecho de asociación y de reunión son los representantes de la clase dominante, que son quienes cuentan con los mejores locales para celebrar sus reuniones (salones de los clubs sociales y de los hoteles de lujo, sedes patronales, etc.) y no se ven obligados a pedir prestados locales o celebrar las reuniones en lonjas destartaladas y muchas veces insalubres, en bares y cafeterías, o a realizarlas en el monte.

En la democracia burguesa, se confunde interesadamente la libertad de expresión con la intoxicación informativa, la manipulación de la opinión pública, etc., cuando los principales medios de comunicación (prensa, radio, TV, etc.) son propiedad de grandes grupos financieros que controlan y monopolizan la difusión de las noticias y de las opiniones favorables al sistema. Cuando todos esos medios de comunicación ignoran deliberadamente todas aquellas cuestiones que afectan verdaderamente a las masas trabajadoras y son de interés general para el pueblo, o presentan únicamente su visión distorsionada y partidista de cualquier acontecimiento.

En lo que respecta a los medios de comunicación denominados “públicos”, por estar en manos del Estado burgués (en sus diferentes niveles administrativos: central, regional, local, etc.), también se puede decir que cumplen la misma función que los que se encuentran en manos de grupos de capitalistas privados, aunque formalmente traten de guardar algo más la apariencia de “imparcialidad”.

En general, los sindicatos obreros de clase, los colectivos juveniles, los grupos ecologistas, los movimientos de mujeres,… no cuentan con medios propios para difundir sus ideas y propuestas entre las masas y deben recurrir a los carteles, a los blogs de contra-información en Internet, etc., para hacerse oír de alguna manera, pero con una capacidad de difusión incomparablemente menor de la que tienen los grandes medios en poder de la burguesía.

En su aspecto económico, es necesario poner la economía al servicio de la mayoría. Hay que democratizar la propiedad de los medios de producción, nacionalizando la banca y las grandes empresas industriales, energéticas, agrícolas y de servicios, así como los grandes medios de comunicación, que hoy están en manos del capital financiero. Es preciso ponerlas bajo titularidad pública pero con control obrero. Hay que posibilitar la participación de trabajadores y trabajadoras en la planificación y el control de la economía, a todos los niveles.

Simplificar la administración del Estado, de tal forma, que se posibilite la participación en ella de sectores cada vez más amplios de las masas.

Capacitar a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras en el desempeño de las tareas político-administrativas, es decir en la gestión del Estado. En esta labor pueden, y deben, jugar un importante papel los sindicatos de clase y las distintas organizaciones de masas. Con ello se reduciría considerablemente la necesidad de recurrir a los técnicos y especialistas burgueses.

Descentralizar el aparato del Estado, transfiriendo competencias y atribuciones, de los órganos superiores a los inferiores; y de los órganos nacionales a los territoriales y locales.

En lo social, hay que extender la democracia a los centros de trabajo, institucionalizando la participación de las y los trabajadores en la gestión de las empresas, implantando la cogestión en las empresas privadas y el control obrero en las empresas públicas.

También es necesario democratizar el funcionamiento y la gestión de los centros de enseñanza, tanto en el plano administrativo como en el pedagógico, posibilitando la participación del alumnado, del profesorado y del personal no docente, a nivel de enseñanza universitaria y también de los padres/madres en la no universitaria.

Al mismo tiempo, habría que establecer mecanismos de control democrático de la clase obrera y el pueblo trabajador sobre los aparatos armados, tales como policía y ejército. Que, con el tiempo y en la medida en que se desarrolle el proceso revolucionario que planteamos, convendría ir sustituyendo estos organismos armados, si no en su totalidad al menos en lo fundamental, por otras formas de organización militar, como podrían ser las milicias populares, es decir, por el pueblo armado y estructurado en milicias.

Una democracia así no tiene cabida en el actual sistema político, económico y social. Es necesario un cambio radical de sistema. Necesitamos una nueva democracia, una democracia popular.