En los últimos meses en el Estado Español se está acentuando la escalada represiva iniciada hace algunos años en respuesta al auge del movimiento popular en todos sus sentidos. El Estado, como elemento de opresión que es, de la clase dominante sobre el resto, se aferra en sostener sus ya maltrechos cimientos, recurriendo para ello a su aparato jurídico y sus fuerzas represivas para aparentar una falsa fortaleza ante la oposición de la clase dominada, demostrando con ello todo lo contrario, su total debilidad y continua decadencia.
El caso más sangrante es la inmensa cantidad de presos políticos que continúan en las rejas españolas, perteneciendo ellos a las diversas variantes que conforman el Movimiento Popular (comunistas, independentistas, anarquistas…), sufriendo cadenas perpetuas encubiertas, desatenciones médicas, cartas no entregadas… Estos métodos forman parte diaria de la represión del sistema carcelario del Estado contra los militantes políticos encerrados en sus prisiones buscando su aislamiento y exterminio, por lo que se hace más necesario que nunca alzar la voz por su libertad, en especial por la de aquellos presos y presas mayores de 65 años o en un estado de salud muy deteriorado.
Los juicios y detenciones contra la juventud combativa también están creciendo de manera vertiginosa, cuyas condenas en ocasiones son impuestas sin prueba alguna, inventándoselas si es necesario.
Nos encontramos el caso de Adriel, a quien se le quiere condenar a cuatro años de prisión por su participación en una manifestación estudiantil en Vigo (la cual se saldó con cargas policiales contra menores). Se han presentado materiales donde se muestra claramente la inocencia de Adriel, pero la Fiscalía ha desestimado el recurso y se mantiene la condena ya citada anteriormente más unos 4.800 euros de multa. Siguiendo con Galiza, hace escasos días se han producido varias detenciones en Coia, donde los vecinos están librando una lucha popular contra la instalación de un barco en medio de una rotonda, denunciando el gasto de dinero que esto supone cuando las familias del barrio están pasándolo realmente mal. Pues bien, la oposición de los vecinos mediante una reclamación tan sencilla y justa se ha saldado con tres detenidos esta semana con las acusaciones de “atentado contra agente de la autoridad y lesiones”, siendo esto desmentido en rueda de prensa por la Asamblea Aberta de Coia, la cual ha contado con el respaldo de múltiples vecinos e incluso del párroco, el cual les ha cedido la iglesia para dar la conferencia y denunciar la represión policial sufrida.
Una muestra de cómo se censura la tan cacareada “libertad de expresión” de la que hace alarde el Estado es la citación judicial que tienen Pablo Hasél y Cíniko para este 12 de Enero. ¿El motivo? Una canción titulada “Menti-Ros” en la cual denuncian los negocios turbios y manipulaciones de Àngel Ros, alcalde de Lleida perteneciente al PSC, el cual no ha dudado en interponer la denuncia contra ellos precisamente por haber dejado en evidencia sus actuaciones antidemocráticas.
Todos recordarán el caso de Alfon, el joven vallecano que permaneció en régimen FIES tras su detención en la última Huelga General y que gracias al movimiento de solidaridad que se generó se conquistó su salida de prisión hace unos cuantos meses. Pues bien, se ha dictado sentencia, estableciéndose que Alfon deberá permanecer cuatro años preso por unos hechos que no se han podido demostrar en ningún momento, por lo que se deja claro una vez más que las pruebas son algo totalmente secundario, que si el aparato jurídico del Estado quiere condenar a un militante a la cárcel, lo hará bajo cualquier circunstancia.
Y por último, el que ha sido sin duda el caso más impactante, la detención de once anarquistas de Madrid y Barcelona el pasado 16 de Diciembre, irrumpiendo en sus domicilios o en casas okupadas en las cuales se encontraban y siendo al momento difundido por todos los medios de comunicación del capital, justificando las detenciones por pertenecer a “grupos anarquistas coordinados para fines terroristas” y sirviendo de testaferros de la labor policial. A eso se le añade que de esos once anarquistas detenidos, siete de ellos continúan en prisión sin fianza por orden del juez Javier Gómez Bermúdez, ya conocido por su amplio historial represivo al movimiento popular.
Dice muy acertadamente Juan Manuel Olarieta, abogado recientemente detenido por supuesta “apología del terrorismo”: “En este país no hacen falta motivos para encarcelar a nadie. Primero te detienen y luego buscan algo para encerrarte, y si no encuentran nada aparece por arte de magia eso de ‘la banda armada’, aunque no hay armas ni banda de ninguna clase”.
Desde Resistencia Popular Canarias, ante esta escalada represiva de los últimos meses, no tenemos otra que mostrar toda nuestra solidaridad con los afectados por las sentencias del fascismo, exigiendo para todos ellos la absolución y haciendo un llamamiento a la clase obrera y demás capas populares para que no olviden ni sus nombres ni sus casos y se sumen a la lucha por su liberación, pues la suya es la de todos y todas.
CONTRA SU REPRESIÓN, CONTRA SU DIFAMACIÓN… ¡RESISTENCIA!
¡NI UN SOLO PASO ATRÁS!
¡ABAJO EL ESTADO FASCISTA!
