El hotel de Azata del Sol se ha convertido en icono del deterioro del medioambiente en espacios protegidos. / Efe
Un nuevo impedimento, ¿quizá trampa?,
judicial se ha vuelto a cruzar en el larguísimo camino hacia el derribo
del hotel de la empresa Azata del Sol en la playa de El Algarrobico, en
Carboneras (Almería), que continúa exhibiendo su mole inacabada de 21
plantas y 411 habitaciones a escasos 25 metros de la orilla del
Mediterráneo.
Los vericuetos legales son como los caminos del dios de
los católicos, inescrutables; en este caso, sirven para explicar por qué
no se ha dictado de una vez la orden de demolición pertinente.Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción-Almería han conseguido ya una quincena de sentencias contra el hotel, pero éste sigue donde estaba, con todos sus ladrillos en su sitio. Una de las resoluciones es del Tribunal Supremo ––dictada hace exactamente dos años, el 21 de marzo de 2012–– y fue la primera de carácter firme e irrevocable que establece la ilegalidad de la licencia y la construcción, porque invade la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre.
Después de diez años de pleitos,
denuncias, juicios y retrasos para evitar que se consolide la ilegalidad
de la construcción en una cala del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar,
el último acto previo a la demolición parecía servido. La Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) celebró una vista el pasado 14 de enero, sin que
ninguna de las partes la hubiera solicitado, para examinar el recurso de
la empresa Azata del Sol, dueña del hotel, y el Ayuntamiento de
Carboneras (PP) contra la sentencia de 2008 de un juzgado de Almería que
declaraba ilegal la licencia de construcción y, por tanto, se debía
proceder al derribo.
Se esperaba la sentencia para finales de
ese mes. Todo estaba empezando a prepararse para que la Junta de
Andalucía se hiciera cargo de la regeneración de la playa tras la
esperada demolición del hotel.
Pero entonces, una providencia de la sala informó a las partes
––empresa y municipio por un lado; Salvemos Mojácar y EeA, por otro–– de
que la comunicación oficial definitiva se haría el 25 de febrero. En
esta fecha, un comunicado de la sección granadina del TSJA aseguraba que
en diez días habría sentencia.
El lunes de 17 de marzo, ayer mismo, en
vista de que no se producía ningún resultado, Salvemos Mojácar pidió la
nulidad de las actuaciones y la anulación de la vista del día 14 de
enero. Todo el embrollo proviene de la baja por enfermedad de la
magistrada María del Mar Jiménez Morera que era ponente del asunto y fue sustituida por el magistrado presidente de la Sala Rafael Toledano Cantero el seis de noviembre pasado.
Fue éste quien decidió la celebración de
la vista sin que nadie se lo pidiera. Pero ese acto se celebró después
de que la magistrada se reincorporara al trabajo y, por lo tanto, según
la petición de nulidad, le hubiera correspondido a ella y no a Toledano
decidir al respecto, incumpliéndose de otro modo las normas de reparto
del TSJA, y vulnerando el artículo 24 de la Constitución al privar a los
peticionarios “del derecho fundamental al juez ordinario”.
Ante las dilaciones y la dudosa
aplicación de las reglas que parecen llevar la ejecución del derribo a
un callejón sin salida después de diez años, a los partidarios del
derribo del hotel en El Algarrobico no les queda otro remedio que
intentar darle la vuelta al calcetín, intentando que la juez Jiménez Morera
se vuelva a hacer cargo del tema. Sorprendió en ambientes jurídicos de
Almería que no fuera restituida en su puesto, después de su baja
laboral, pues se creía conocer su postura favorable a que se ejecutara
el derribo de la infame mole.
Muchas coincidencias de nombres, empresas
y apellidos ponen la mosca detrás de la oreja a quienes pretenden que
se cumpla la legalidad en la playa de El Algarrobico. El principal dueño
del grupo Azata es José Domingo Rodríguez Losada, un
notable promotor urbanístico e inmobilario en Marbella y en municipios
de la Comunidad de Madrid como Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Aravaca,
Boadilla del Monte o Las Rozas, a quien se considera con buenas
relaciones en el PP.
La situación extraña porque, además, el
magistrado presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Granada puede tener conocimientos adecuados y suficientes del asunto
inmobiliario ya que familiares cercanos suyos se dedican a ese negocio
en su Jaén natal. Y, en el improbable caso de que no tenga esa
erudición, es seguro que tiene con quien aconsejarse convenientemente.
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