Tarde o temprano lo
harán. Él lo sabe pero es un hombre honesto: La Borbona Cristina irá a
juicio como cooperadora de varios delitos fiscales. Ni el medio millón
de euros( por cierto, qué rápido reúne esta gente una cantidad que la
mayoría de los españolitos no verá en su vida) la ha salvado y encima le
piden dos millones y medio de euros más.
El juez José Castro
acaba de decretar este lunes la apertura del juicio del caso Urdangarin y
ha decidido que la hermana del Rey, la Infanta Cristina de Borbón, debe
sentarse en el banquillo de los acusados ante un tribunal que la
juzgará como cooperadora necesaria en los delitos fiscales de su marido.
El instructor considera que la esposa de Iñaki Urdangarin debe ser
juzgada para que ante un tribunal se diriman los supuestos indicios de
dos delitos fiscales, en un papel de cooperadora de los mismos fraudes,
en 2007 y 2008, de los que se acusa a su marido. La vista oral se puede
celebrar en la segunda mitad de 2015 en la Audiencia de Palma. Castro le
pide 2,6 millones de euros de responsabilidad pecuniaria. La Infanta se
sentará en el el banquillo junto a 16 personas más, entre ellas, su
marido.
El magistrado Castro, al
poner el broche a la instrucción después de cuatro años, mantiene el
criterio que expresó en 2013 cuando dictó la primera imputación contra
la Infanta, implicación que inicialmente derribó la Audiencia de Palma.
Semanas atrás, en 2014, los tres magistrados del Tribunal coincidieron
con las tesis del instructor al encausar a Cristina de Borbón por dos
supuestos delitos contra la Hacienda pública, a pesar de que existe
contra ella una única acusación la del pseudo sindicato ultra Manos
Limpias. Esta parte reclama ocho años de cárcel para la infanta.
El juez ha desatendido
las razones de los extensos alegatos defensivos de los escritos de
calificación del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, de la Abogacía del
Estado y de los letrados de Cristina de Borbón. Estas partes se
centraron en la no existencia de indicios delictivos contra la Infanta
y, además, subrayaron que era de inexcusable aplicación –a su favor- la
llamada doctrina Botín, del Tribunal Supremo que señala que si no acusan
la fiscalía y la abogacía estatal en un delito que alude al Estado no
puede juzgarse.
El juez Castro
interpreta, con el respaldo del mandato de la Audiencia, que si la
fiscalía y Hacienda acusan por los mismos delitos a Urdangarin y su
socio Diego Torres no hay razón por la que no se pueda juzgar a la
hermana del Rey. El magistrado escribe que si no prospera la acusación
de doble delito fiscal, cabría declarar a la Infanta "partícipe a título
lucrativo de los demás supuestos delitos" perpetrados por su marido "de
los que su esposa haya podido lucrarse sin haber participado
delictivamente en ellos".
El juez pide que
Urdangarin deposite en concepto de fianza de responsabilidad civil y en
total de 14.957.262 euros, y para su esposa reclama que pague 2.697.150
euros. El juez pide más de 90 millones de fianza en total por
responsabilidad pecuniaria para las 17 personas que se sientan en el
banquillo.
El País
No hay comentarios:
Publicar un comentario