Albert Noguera, profesor de Derecho Constitucional.
Podemos no permite vislumbrar ninguna esperanza de transformación real, la trayectoria del “dentro hacia fuera” del espacio constitucional seguida por la CUP en Catalunya abre una “ventana de oportunidad” de final incierto pero abierta.Cualquier intento de reconstrucción de la izquierda estatal pasa, primero, por revitalizar la movilización y la conflictividad social, y segundo, por la ruptura constituyente y la desobediencia
Todo
parece indicar que después del 20D y tras lo que serán unos
insatisfactorios resultados para la izquierda en las elecciones, se
iniciará un proceso de reconstrucción de la izquierda política en el
Estado. Analizar la distinta estrategia seguida por Podemos y por las
CUP durante los últimos años, así como los cierres o aperturas de
“ventanas de oportunidad” a los que, respectivamente, han dado lugar
cada una de sus estrategias, puede ser útil para tal ejercicio de
reconstrucción.
Por un lado, Podemos ha optado por una estrategia basada en una trayectoria defuera hacia dentro
del espacio constitucional. Su estrategia ha consistido en reencauzar
las luchas sociales que desembocaron en el desbordamiento democrático
del 15M, su conformación como dispositivo de polemizar con el orden
desde fuera de la institucionalidad y sus demandas de proceso
constituyente hacia una opción política de “centro” institucionalizada
que apuesta claramente por actuar e implementar reformas dentro del
marco constitucional y sus procedimientos.
El
resultado, a medida que se ha ido profundizando esta estrategia, ha
sido una progresiva bajada en las encuestas electorales y su más que
segura reducción a uno o varios grupos parlamentarios, más o menos
numerosos, que actuarán como oposición en el interior del sistema
constitucional. Sin embargo, e independientemente del número de
diputados que obtenga, las opciones de Podemos de lograr algún tipo de
democratización dentro del marco constitucional actual serán nulas. Y me
detengo en ello.
La transición
fue un contrato entre la élite económica y política franquista y las
fuerzas y movimientos sociales antifranquistas que se plasmó en la
conformación de un nuevo espacio constitucional en cuyo interior debían
actuar las relaciones económicas, territoriales y políticas del nuevo
Estado: la Constitución de 1978 (CE). En el interior de este marco
constitucional, y como parte del contrato, la actuación de las élites
económicas quedaba limitada por la obligación de respetar y cumplir la
cara democrática de la CE (derechos sociales, pluralismo político,
etc.), a la vez que la actuación de las fuerzas de izquierda quedaba
también limitada por la obligación de respetar y cumplir la cara
antidemocrática de la CE (monarquía, propiedad, economía de mercado,
unidad indisoluble de la Nación, etc.).
La existencia
de tales obligaciones recíprocas del contrato constitucional duró, sin
embargo, poco. Ya de manera clara, desde los años 90 y con la firma del
tratado de Maastricht, la élite económica y política española opta por
trasladar el centro productor de legislación económica del espacio
constitucional, en cuyo interior tenían límites y debían respetar los
derechos sociales y democráticos, a un nuevo espacio extraconstitucional
libre de esos límites y obligaciones: la UE.
La UE
ofrece a las élites económicas y políticas, en primer lugar, un nuevo
espacio de producción legislativa de tratados y directivas desde el cual
poder legislar de acuerdo a sus intereses de clase sin estar limitados
por la obligación constitucional de respetar los derechos de los
ciudadanos. Y en segundo lugar, la posibilidad de sobreponer esta
legislación a la normativa y realidad constitucional estatal. Tal
escenario de pluralismo jurídico con predominio del derecho de la UE les
permite gobernar desde fuera del espacio constitucional e imponer su
voluntad sin tener que cumplir con sus obligaciones y compromisos
constitucionales.
El contrato constitucional pasó a
ser, en consecuencia y desde este momento, un contrato fraudulento en
cuyo interior la negociación entre clases y la adopción de acuerdos de
progreso social, esto es la vía socialdemócrata o reformista, dejó de
ser válida para conseguir la garantía de nuestros derechos. Los derechos
no son más que una forma de redistribución de bienes y oportunidades
entre los miembros de una sociedad, y esta redistribución se hace
efectiva a través de la imposición de obligaciones entre clases. Nada de
ello es posible en el interior de un espacio constitucional donde la
izquierda permanece obligada por la cara antidemocrática de la CE pero
no dispone de posibilidades jurídicas para obligar a las élites a
cumplir la cara democrática de la CE.
En consecuencia,
independientemente del número de diputados en la oposición que Podemos
obtenga, podemos afirmar que la ventana de oportunidad para transformar
que se abrió en 2011 en el Estado español está ya cerrada.
Por otro lado, y a la inversa, las CUP en Catalunya han seguido una estrategia basada en una trayectoria de dentro hacia fuera
del espacio constitucional. Conscientes de la incapacidad de la CE como
marco jurídico para operar transformaciones, la estrategia ha
consistido en intentar reconducir la gran movilización del proceso
catalán del legalismo y respeto a la CE por el que apostaba inicialmente
CDC y otros sectores del independentismo hacia la desobediencia y
ruptura con la CE. La inclusión explícita en laDeclaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya,
que aprobará el parlamento catalán en los próximos días, de la
desobediencia a cualquier acto decisorio que provenga del Tribunal
Constitucional, al que se considera como deslegitimado y sin
competencia, y de la apertura de un proceso constituyente de base
participativa, ubica el proceso catalán en un espacio
extraconstitucional y no fraudulento donde se abre a la izquierda una
inmensa ventana de oportunidad para transformar y redefinir obligaciones
y derechos sin subordinación a ningún límite.
En
ningún momento estoy afirmando que ello sea fácil ni que ya este hecho;
el proceso constituyente catalán deberá combatir no sólo a la represión y
guerra sucia del Estado, sino también a una burguesía corrupta catalana
que pretenderá evitar que éste pueda servir para llevar a cabo
transformaciones económico-política estructurales emancipadoras. Lo que
sí sostengo es que mientras la trayectoria del “fuera hacia dentro” del
espacio constitucional seguida en el Estado por Podemos no permite
vislumbrar ninguna esperanza de transformación real, la trayectoria del
“dentro hacia fuera” del espacio constitucional seguida por la CUP en
Catalunya abre una “ventana de oportunidad” de final incierto pero
abierta.
De todo lo anterior podemos extraer algunas
lecciones. Una de ellas es que cualquier intento de reconstrucción de la
izquierda estatal no puede pasar por una refundación de nuevas siglas
partidistas integradas en el sistema por parte de los líderes de los
partidos fracasados, sino que necesariamente debe consistir, primero, en
una etapa inicial de revitalización y creación de movimientos sociales y
sindicales que permita reactivar y fortalecer la movilización y la
conflictividad social en la esfera civil. Y segundo, en una etapa
posterior, en la coordinación y creación de estructuras instrumentales
que canalicen toda la fuerza acumulada no hacia el interior del espacio
constitucional integrándola en el sistema, sino hacia la ruptura
constituyente con la CE y la desobediencia a sus instituciones.
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