Urgente: ningún parado con cargas familiares sin prestación
Hay casi tres millones
de niños bajo el umbral de la pobreza a los que el Gobierno destina 16
millones de euros. Hay un millón de parados con cargas familiares que no
tienen ningún ingreso en su casa, no perciben ninguna prestación y
buscan desesperadamente empleo.
Hay un artículo en nuestra Constitución, el 35.1, que dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Hay seis millones de personas a los que se les conculca este derecho. Para aquellos a los que se les ha conculcado el derecho al trabajo, la propia Constitución, artículo 41, establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones sociales suficientes especialmente en caso de desempleo. Hay cuatro millones de parados a los que, además del derecho al trabajo, también se les conculca el derecho a su protección en caso de desempleo. De esos cuatro millones, un millón tiene cargas familiares y ningún ingreso en su hogar.
El Gobierno está deslindando la protección de la contingencia a proteger. Me explico. Cuando una persona está parada, la contingencia a proteger es esa situación de desempleo porque tiene reconocido el derecho al trabajo y a una prestación suficiente en caso de desempleo. Corresponde, por tanto, una protección por la contingencia de desempleo. En vez de protección por desempleo se deriva hacia las rentas sociales esta asistencia, hacia las comunidades autónomas.
Lo que debe ser protección por desempleo pasa a ser una renta de mínimos por ausencia de ingresos. Se está demostrando día a día que no hay un aparato administrativo ágil que pueda reconocer esa ausencia de ingresos con la celeridad que se requiere para todas las personas que actualmente lo precisan y para lo que sí está capacitado el SEPE. En Galicia, por citar a modo de ejemplo la comunidad que mejor conozco, la demora en la aprobación de una Renta de inserción, Risga, en ocasiones tiene una demora de nueve meses frente al uno o días de demora en el reconocimiento de prestaciones por el SEPE.
Tampoco las comunidades tienen partidas presupuestarias suficientes para cubrirlo, algo que también las tiene el SEPE. Además, en el reparto competencial, la contingencia por desempleo es competencia exclusiva del Estado. Pero desde el Gobierno se mira para otro lado y, gran esfuerzo, se destinan 16 millones para paliar la pobreza infantil recortando las prestaciones y el derecho constitucional a sus padres. En lo que va de año el gasto en prestaciones ha disminuido en 2.236 millones de euros sobre el año pasado. Si se continúa con la misma dinámica, al final de año el gasto será menor en 6.213 millones.
La actual estructura de prestaciones por desempleo ha quedado obsoleta porque en su diseño no se previó la posibilidad de una crisis de una duración como la actual. Llevamos más de seis años y el actual gobierno ha previsto que en 2017 todavía habrá 478 mil empleos menos de los que había en 2011. Es el coste de la reforma laboral que se ha llevado casi un millón y medio de empleo.
No es momento de repensar el modelo porque las personas paradas tienen el mismo vicio que las demás, comer todos los días, y un cambio de modelo lleva tiempo. Es preciso fijarnos en qué prestaciones están respondiendo mejor y potenciarlas. En este sentido es la Renta Activa de Inserción la única prestación que ha incrementado el número de beneficiarios en lo que va de año sobre los anteriores. La razón de su aumento está en que no tiene conexión directa con períodos cotizados, pese a que este Gobierno la ha vinculado con haber agotado una prestación.
La Renta Activa de Inserción es un programa mixto de políticas activas y pasivas previsto en la Disposición final quinta de la Ley General de la Seguridad Social y regulado por un Real Decreto que en su título dice “por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo”. Definir como un colectivo “con especiales necesidades económicas” a los parados con cargas familiares y sin protección es una obviedad. La “dificultad para encontrar empleo” se establece en el propio Decreto mediante el requerimiento de un año inscrito.
Su cuantía es igual a la del subsidio, tiene una duración de once meses y entre los colectivos que la pueden percibirfiguran los mayores de 45 años y las personas con discapacidad con un año de inscripción. A las mujeres víctimas de violencia de género o doméstica y a los emigrantes retornados no se les exige un período de inscripción. Si a estos cuatro colectivos se les añade un quinto “los parados con cargas familiares” se perfecciona su actuación entre aquellos “con especiales necesidades económicas”.
Entre la inclusión en un programa de renta activa de inserción y otro tienen que pasar doce meses, salvo en el caso de las personas con discapacidad y de las mujeres víctimas de violencia de género o doméstica que son continuos. También los parados con cargas familiares deben estar comprendidos entre los que pueden tener continuidad de un programa con otro debido a esas especiales necesidades económicas. En la actualidad el número máximo de programas a los que un parado se puede acoger es de tres. Este límite debería suspenderse mientras la tasa de paro esté por encima del 15%.
Un millón de parados con cargas familiares protegidos por la Renta Activa de Inserción tiene un coste anual de 5.112 millones de euros. El presupuesto de prestaciones de 2014 era de 29.429 millones de euros lo que significa una disminución de 1.782 millones sobre el de 2013 y de 2.793 millones sobre el de 2011. La evolución del gasto supone que a final de año se dejarán de gastar 5.837 millones de euros sobe lo presupuestado.
Con el dinero presupuestado para prestaciones que no se gastará, se pueden financiar la Renta Activa de Inserción para 1.141.861 parados con cargas familiares.
Si hay tres millones de niños en el umbral de la pobreza en buena medida debido a que sus padres están parados y no perciben prestaciones; si hay un millón de parados con cargas familiares que no perciben prestaciones conculcando el artículo 41 de la Constitución con aquellos con los que también se conculcó el artículo 35.1 al; si después de recortar el presupuesto de prestaciones en 2.236 millones de euros, todavía quedarán sin gastar 5.837 millones; si hay un programa destinado a proteger a los parados con especiales necesidades económicas; si solo es preciso realizar unas sencillas modificaciones en un Real Decreto, añadiendo cincuenta palabras, forcemos entre todos para que se realicen las modificaciones propuestas en la Renta Activa de Inserción porque es urgente que ningún parado con cargas familiares esté sin protección.
Hay un artículo en nuestra Constitución, el 35.1, que dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Hay seis millones de personas a los que se les conculca este derecho. Para aquellos a los que se les ha conculcado el derecho al trabajo, la propia Constitución, artículo 41, establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social que garantice prestaciones sociales suficientes especialmente en caso de desempleo. Hay cuatro millones de parados a los que, además del derecho al trabajo, también se les conculca el derecho a su protección en caso de desempleo. De esos cuatro millones, un millón tiene cargas familiares y ningún ingreso en su hogar.
El Gobierno está deslindando la protección de la contingencia a proteger. Me explico. Cuando una persona está parada, la contingencia a proteger es esa situación de desempleo porque tiene reconocido el derecho al trabajo y a una prestación suficiente en caso de desempleo. Corresponde, por tanto, una protección por la contingencia de desempleo. En vez de protección por desempleo se deriva hacia las rentas sociales esta asistencia, hacia las comunidades autónomas.
Lo que debe ser protección por desempleo pasa a ser una renta de mínimos por ausencia de ingresos. Se está demostrando día a día que no hay un aparato administrativo ágil que pueda reconocer esa ausencia de ingresos con la celeridad que se requiere para todas las personas que actualmente lo precisan y para lo que sí está capacitado el SEPE. En Galicia, por citar a modo de ejemplo la comunidad que mejor conozco, la demora en la aprobación de una Renta de inserción, Risga, en ocasiones tiene una demora de nueve meses frente al uno o días de demora en el reconocimiento de prestaciones por el SEPE.
Tampoco las comunidades tienen partidas presupuestarias suficientes para cubrirlo, algo que también las tiene el SEPE. Además, en el reparto competencial, la contingencia por desempleo es competencia exclusiva del Estado. Pero desde el Gobierno se mira para otro lado y, gran esfuerzo, se destinan 16 millones para paliar la pobreza infantil recortando las prestaciones y el derecho constitucional a sus padres. En lo que va de año el gasto en prestaciones ha disminuido en 2.236 millones de euros sobre el año pasado. Si se continúa con la misma dinámica, al final de año el gasto será menor en 6.213 millones.
La actual estructura de prestaciones por desempleo ha quedado obsoleta porque en su diseño no se previó la posibilidad de una crisis de una duración como la actual. Llevamos más de seis años y el actual gobierno ha previsto que en 2017 todavía habrá 478 mil empleos menos de los que había en 2011. Es el coste de la reforma laboral que se ha llevado casi un millón y medio de empleo.
No es momento de repensar el modelo porque las personas paradas tienen el mismo vicio que las demás, comer todos los días, y un cambio de modelo lleva tiempo. Es preciso fijarnos en qué prestaciones están respondiendo mejor y potenciarlas. En este sentido es la Renta Activa de Inserción la única prestación que ha incrementado el número de beneficiarios en lo que va de año sobre los anteriores. La razón de su aumento está en que no tiene conexión directa con períodos cotizados, pese a que este Gobierno la ha vinculado con haber agotado una prestación.
La Renta Activa de Inserción es un programa mixto de políticas activas y pasivas previsto en la Disposición final quinta de la Ley General de la Seguridad Social y regulado por un Real Decreto que en su título dice “por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo”. Definir como un colectivo “con especiales necesidades económicas” a los parados con cargas familiares y sin protección es una obviedad. La “dificultad para encontrar empleo” se establece en el propio Decreto mediante el requerimiento de un año inscrito.
Su cuantía es igual a la del subsidio, tiene una duración de once meses y entre los colectivos que la pueden percibirfiguran los mayores de 45 años y las personas con discapacidad con un año de inscripción. A las mujeres víctimas de violencia de género o doméstica y a los emigrantes retornados no se les exige un período de inscripción. Si a estos cuatro colectivos se les añade un quinto “los parados con cargas familiares” se perfecciona su actuación entre aquellos “con especiales necesidades económicas”.
Entre la inclusión en un programa de renta activa de inserción y otro tienen que pasar doce meses, salvo en el caso de las personas con discapacidad y de las mujeres víctimas de violencia de género o doméstica que son continuos. También los parados con cargas familiares deben estar comprendidos entre los que pueden tener continuidad de un programa con otro debido a esas especiales necesidades económicas. En la actualidad el número máximo de programas a los que un parado se puede acoger es de tres. Este límite debería suspenderse mientras la tasa de paro esté por encima del 15%.
Un millón de parados con cargas familiares protegidos por la Renta Activa de Inserción tiene un coste anual de 5.112 millones de euros. El presupuesto de prestaciones de 2014 era de 29.429 millones de euros lo que significa una disminución de 1.782 millones sobre el de 2013 y de 2.793 millones sobre el de 2011. La evolución del gasto supone que a final de año se dejarán de gastar 5.837 millones de euros sobe lo presupuestado.
Con el dinero presupuestado para prestaciones que no se gastará, se pueden financiar la Renta Activa de Inserción para 1.141.861 parados con cargas familiares.
Si hay tres millones de niños en el umbral de la pobreza en buena medida debido a que sus padres están parados y no perciben prestaciones; si hay un millón de parados con cargas familiares que no perciben prestaciones conculcando el artículo 41 de la Constitución con aquellos con los que también se conculcó el artículo 35.1 al; si después de recortar el presupuesto de prestaciones en 2.236 millones de euros, todavía quedarán sin gastar 5.837 millones; si hay un programa destinado a proteger a los parados con especiales necesidades económicas; si solo es preciso realizar unas sencillas modificaciones en un Real Decreto, añadiendo cincuenta palabras, forcemos entre todos para que se realicen las modificaciones propuestas en la Renta Activa de Inserción porque es urgente que ningún parado con cargas familiares esté sin protección.
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