Villarejo, el fiscal ‘indignado’ que se querelló contra Pujol
En la trayectoria de Carlos Jiménez Villarejo (Granada, 1935) hay un antes y un después del año 2003. El entonces Fiscal Anticorrupción fue relevado de su puesto en ese momento en que el centro-derecha español gozaba de su primera mayoría absoluta en democracia. Villarejo, número uno de la escala de la carrera, decidió que había llegado el momento de dejar la judicatura y pedir la jubilación. Cuarenta años de fiscal bien valían un retiro.
No renunció, en cambio, a defender sus ideas izquierdistas y a dar la batalla en la sociedad civil por las causas que consideraba merecedoras de su esfuerzo. Así, Jiménez Villarejo llevó la voz cantante en la campaña a favor del juez Baltasar Garzón cuando acumuló tres causas abiertas en el Tribunal Supremo, se erigió en cabeza visible del Movimiento 15-M -participando en varios actos en la Puerta del Sol de Madrid- y promovió la Plataforma Contra la Impunidad, exigiendo la investigación de los crímenes del franquismo. Contra la dictadura se había movilizado ya en los 70, cofundando Justicia Democrática -asociación clandestina de juristas que quería la transformación del poder judicial, que se disolvió tras la aprobación de la Constitución de 1978 y que fue el germen de la Unión Progresista de Fiscales y de Jueces para la Democracia- y militando en el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC).
En Barcelona llevaba Villarejo -tío de la exministra socialista Trinidad Jiménez- siendo varios años Fiscal de la Audiencia Territorial, cargo que ocupó hasta su traslado forzoso a Huesca, motivado por ese activismo contra el sistema. Ya en democracia, fue nombrado Fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona, penúltima de sus ocupaciones.
La llegada a la Fiscalía Anticorrupción se produjo en 1995 y se prolongó ocho años. Fueron los últimos coletazos de una carrera en la que destaca la querella interpuesta contra el entonces todopoderoso presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, por el 'caso Banca Catalana'. Villarejo presenció la célebre declaración de Pujol ante el juez Ignacio de Lecea y pidió su procesamiento por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos apropiación indebida y falsedad en documento público y mercantil. El político catalán había sido consejero de la entidad cuando se anunció la falsa suspensión de pagos que provocó una fuga de depósitos en Cataluña y obligó a intervenir al Banco de España. El pleno de la Audiencia de Barcelona discrepó del criterio del fiscal y descartó procesar a Pujol en un caso que finalmente fue sobreseído.
Ese empeño reflejaba la pasta de la que estaba hecho un jurista estrechamente comprometido con sus principios ideológicos, a cuya defensa se lleva dedicando en cuerpo y alma desde hace 11 años. Hasta ahora su implicación política no había ido más allá de esa defensa de la democracia en los 70 y del apoyo que dio a Ezker Batua, la marca de Izquierda Unida en el País Vasco, en las elecciones autonómicas de 2012. La irrupción de Podemos, el partido de Pablo Iglesias, le llevó a dar otro paso al frente, presentarse a las primarias del partido para concurrir a las europeas y finalmente salir elegido como eurodiputado. El mismo dijo que no se veía en Bruselas y que su intención es solo la de “ayudar” a que la formación se consolide.
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