En varias respuestas a Álex Sáez Jubero, portavoz socialista en la materia, Margallo dice que “la inversión es razonable” si se compara con “campañas similares de países de nuestro entorno”. No aclara a cuáles se refiere. Y asegura que cuenta con el apoyo de gran parte de los países de América Latina, aunque se presenta Chile, y su expresidente Sebastián Piñera ha dicho exactamente lo mismo.
España compite con Turquía y Nueva Zelanda –país de “nuestro entorno”, acaso porque los ingleses llevaron nuestras ovejas merinas, fuente de mucha riqueza– por uno de los dos puestos temporales asignados a los países occidentales en el Consejo de Seguridad. La campaña de Margallo para acceder al sillón consiste, básicamente, en invitar a los embajadores permanentes en Naciones Unidas a visitar nuestro país y tratarles a cuerpo de rey en establecimientos selectos, enclaves únicos y marcos incomparables para que cuando llegue el 14 de octubre y depositen su voto secreto se acuerden de lo bien que lo pasaron y sean agradecidos.
Por el momento han sido agasajados individualmente y en grupo unos cincuenta representantes. El grupo más numeroso (35 diplomáticos) viajó en diciembre pasado y fue invitado por el presidente Mariano Rajoy a una recepción en La Moncloa. Para junio Margallo está organizando otra nutrida expedición. El jefe de la diplomacia informa a Jubero que lleva gastados 491.342,41 euros en estos menesteres, con cargo al presupuesto de 2013, y que la cifra será similar este año. El dinero sale de la Secretaría de Estado de Exteriores, que ya en 2012 destinó los primeros 18.408,45 euros al objetivo.
Margallo contaba en la representación permanente de España en la ONU con uno de los diplomáticos que mejor conoce América Latina por haber estado dedicado a este continente desde hace más de 30 años, cual es Juan Pablo de la Iglesia, pero en vez de utilizarle para atraer votos, prefirió cesarle, acaso porque alcanzó el puesto de Secretario de Estado para Iberoamérica con la ministra Trinidad Jiménez y es sospechoso de unas ideas solidarias y avanzadas poco convenientes, según el ministro, en una situación tan marcada por la crisis que ha obligado a desmantelar las oficinas de la Agencia de Cooperación en seis países empobrecidos para ahorrar tres millones de euros.
Dicho sea de paso, desde que fue cesado, a comienzos de 2012, De la Iglesia ha sufrido el veto reiterado del jefe de la diplomacia para los destinos que ha solicitado, el último, el consulado general en Roma. Puede que a Margallo no le gustara el telegrama que le remitió cuando le cesó como representante en la ONU: “Quedo informado de mi nuevo destino en el pasillo, aunque preferiría ventanilla”. Está claro que al ministro solo le gusta su ironía.
En todo caso, tampoco necesitaba a De la Iglesia para atraer el voto de los representantes de América Latina, porque según el ministro, el equipo de seguimiento de la candidatura, integrado por el Representante Permanente en Nueva York –Román Oyarzun Marchesi, trasladado en noviembre pasado desde Argentina–, un adjunto y cuatro consejeros es tan eficiente que ya contabiliza cien votos de los 128 que se necesitan para formar parte del Consejo de Seguridad (dos tercios de los 192 países miembros).
“En particular –explica Margallo–, España ha logrado el apoyo de más de un centenar de países, fundamentalmente de Europa, América Latina, África, países árabes y Asia continental”. Los esfuerzos se concentran ahora, añade, en los llamados “Pequeños Estados Insulares en Desarrollo”, en referencia al Caribe y la Polinesia, con los que España mantiene “importantes puntos en común como la preocupación por el cambio climático”. Si la investigación española en tratamiento y tecnología del agua ha alcanzado prestigio internacional, también es conocida la posición negacionista de FAES, el “intelecto orgánico” del PP, del cambio climático y la apelación de Rajoy a un familiar como fuente de autoridad para negar el problema.
La última vez que el Gobierno español se sentó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en 2002, empleó su voz y su voto contra la mayoría de los países miembros para respaldar la propuesta del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de atacar y ocupar militarmente Irak. Aunque la ONU pidió esperar, el Gobierno del PP, que presidía José María Aznar López, compartió la decisión de Bush y Blair de atacar a Irak y suministró sin pedir la autorización del Congreso más de dos mil militares españoles a una guerra basada en las mentiras sobre el terrorismo y las armas de destrucción masiva del régimen de Sadam Hussein.
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