La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha tenido conocimiento de un hecho que denuncian como de "especial gravedad" en relación con el recurso presentado contra la Orden de Prestaciones en Dependencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad manchega que ha sido admitido a trámite.
Con fecha 4 de Febrero de 2014 los Servicios Jurídicos de nuestra Plataforma presentaron un escrito ante el TSJCLM solicitando que se requiera de la Consejería demandada el expediente completo de la Orden recurrida y concretamente el dictamen del consejo consultivo preceptivo para poder promulgar dicha orden.
Con fecha 10 de Marzo de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha envió una Diligencia de Ordenación a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales en la que se le requiere en el plazo improrrogable de diez días la remisión del Dictamen del Consejo Consultivo.
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia se manifiesta en condiciones de certificar que dicho Dictamen del Consejo Consultivo no existe, como se puede comprobar en la propia página web de dicho Organismo.
“El Gobierno de Cospedal se siente tan impune ante todas las tropelías que está cometiendo que incumple de forma vergonzosa los trámites legales preceptivos para llevarlos a cabo”, aseguran desde la plataforma. “La forma de actuar de este Ejecutivo está produciendo tanto sufrimiento e indefensión a las personas en situación de dependencia que desde nuestra Plataforma entendemos que todas estas presuntas ilegalidades podrían considerarse como un comportamiento de LESA HUMANIDAD, aplicando una legislación de manera abusiva y presuntamente ilegal para cercenar los derechos a miles de personas dependientes que carecen de medios para defenderse”, añaden.
La Plataforma ha recordado que ya hay sentencias en los tribunales ordinarios de Justicia en los que se condena al Ejecutivo de Cospedal a restituir en sus derechos a los demandantes, por lo que confía en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para terminar con todas estas situaciones, y por tanto, proceda a declarar nulos de pleno derecho todos los actos administrativos que hayan sido dictados en base a la orden de prestaciones en dependencia que ha recurrido.
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