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| Escrito por Nines Maestro |
Recuperamos este trabajo del año 2006 por su absoluta vigencia y actualidad.
El presente trabajo pretende identificar
la necesidad ineludible de que la reconstrucción del proyecto
revolucionario en el Estado español reanude la continuidad histórica de
la lucha por la emancipación de la clase obrera y de los pueblos del
Estado español truncada por una Transición que, en aras de la
instauración de formas políticas propias de una muy limitada democracia
burguesa, garantizó la continuidad en lo esencial de la estructura de
poder económico, militar, policial y judicial de la Dictadura. Este
proceso se sustentó en una monarquía sin otra legitimidad que su
designación por Franco.
Si bien el proceso de desmoronamiento
ideológico, político y organizativo de las organizaciones de la
izquierda tradicional, política y sindical, del Estado español, comparte
características y causas con el sufrido por estas entidades en otros
países capitalistas europeos, hay factores específicos directamente
vinculados con su papel la Transición sin cuyo análisis es imposible
entender la magnitud del desastre y mucho menos abordar la ardua y
compleja tarea de la reconstrucción de la izquierda revolucionaria.
Dice Rodolfo Walsh que las clases
dominantes siempre han procurado que los pueblos no tengamos historia,
ni héroes, que se pierda la experiencia colectiva y que cada lucha deba
empezar de nuevo. Cuando las principales organizaciones de las clases
oprimidas se hacen cómplices de la amputación de la memoria, el desastre
es mucho mayor.
Este proceso de demolición lento y
sistemático de las organizaciones de clase tiene origen en su decisiva
participación en un gran consenso que consagró la
intangibilidad del Estado surgido de la Transición y en un gigantesco
pacto de silencio sobre la masacre de las cuatro décadas anteriores, y
que, en la medida que afectaba a su propia naturaleza, acabo destruyendo
su identidad. Sobre esa base fue mucho más fácil ir desvirtuando los
ejes estratégicos de su programa político hasta hacerlos desaparecer: la
reivindicación de la República como instrumento de soberanía popular,
la agudización de la lucha de clases para la destrucción del Estado
capitalista, el derecho de autodeterminación de los pueblos y su
carácter antiimperialista.
Las claves del marco jurídico-político de la Transición
El objetivo de la ruptura democrática
que vertebró la lucha contra la Dictadura nunca vio la luz. Más bien
todo lo contrario. El apoyo de los grupos parlamentarios de la izquierda
a la Ley de Amnistía[1] de 15 de octubre de 1977, la firma por el PCE y el PSOE de los Pactos de la Moncloa [2]
doce días después y, como colofón, su defensa de la Constitución de
1978 definen la Transición y expresan otra muy diferente ruptura: la del
PCE, organización que hegemonizó la lucha antifascista, con los
elementos esenciales de su programa político.
La ley de Amnistía liquidaba cualquier responsabilidad por “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis”.Quedaban
impunes los centenares de miles de asesinatos, torturas,
encarcelamientos, despidos, perpetrados por la Dictadura contra todo un
pueblo. Era y es una de las más gigantescas “leyes de punto final” que
ha conocido la larga historia del terrorismo de Estado. Bajo ese manto
de impunidad cayeron hechos muy recientes entonces y de la magnitud del
fusilamiento de cinco jóvenes antifascistas el 27 de septiembre de 1975,
con Franco agonizante y con el rey ejerciendo de número dos en la
Jefatura del Estado o la matanza por disparos de la policía de cinco
trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, siendo Fraga Iribarne
Ministro de la Gobernación.
De su carácter de “ley de punto final”
vigente hasta la fecha da cuenta lo siguiente: el Tribunal
Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante las
demandas judiciales de anulación de los juicios militares sumarísimos –
como en los casos antes citados, en el de Julián Grimau, en los de los
anarquistas Granado[3]
y Delgado ejecutados a garrote vil en 1963 y los de tantos otros, han
utilizado la Ley de Amnistía y la Constitución de 1978 como verdaderas
leyes de punto final para denegar cualquier revisión, garantes así de la
impunidad de la Dictadura. A nadie, ni en medios de comunicación, ni en
círculos políticos o judiciales, parece haberle llamado la atención que
el mismo alto tribunal español haya declarado en varias ocasiones
competente a la justicia española para procesar a dirigentes de otros
países responsables de crímenes de Estado, considerando para ello como
ilegítimos marcos jurídicos semejantes al nuestro.
Significativamente, doce días después de
la Ley de Amnistía se firman los Pactos de la Moncloa. Podría pensarse
que en la citada Ley se trataba exclusivamente de la anulación de la
responsabilidad penal por los delitos y que el “punto final” era así
mismo borrón y cuenta nueva para depurar los elementos más comprometidos
con la Dictadura de los nuevos aparatos del Estado. Nada más lejos de
la realidad. En el preámbulo de los Pactos se alude exclusivamente como
justificación de los mismos a la crisis económica por la que atraviesa
el país y a la necesidad de abordar “unánimemente” las medidas
necesarias. Dos son los grandes apartados abordados: Acción Jurídica y
Política, y Saneamiento y Reforma de la Economía. En el primero de ellos
se trata de la libertad de prensa, reunión, asociación y manifestación y
de medidas de reorganización administrativa de las fuerzas de seguridad
del Estado. Ni una palabra acerca de su democratización, nada acerca de
responsabilidades, nada sobre el ejército, sobre la judicatura, sobre
la corrupción en empresas públicas, etc.
La Constitución de 1978 consagra una
democracia burguesa seriamente limitada e impone una monarquía heredera
directa del Dictador, consagrando la quiebra de la legalidad republicana
y usurpando la decisión popular acerca de la forma de Estado. El rey es
el jefe supremo del ejército, quien a su vez es instituido como garante
de la unidad de España. Niega uno de los pilares de la lucha por la
libertad de los pueblos del Estado español: el derecho de
Autodeterminación. Establece como inalienable el derecho de propiedad y
la libertad de empresa, mientras los derechos sociales carecen de
garantía alguna. La soberanía popular y la democracia directa quedan
reguladas por la Ley de Referéndum más restrictiva de la UE. La
soberanía nacional, ya pisoteada por los patriotas fascistas con la
instalación de numerosas bases de EE.UU., se hipoteca definitivamente
con la entrada en la OTAN y la UEO. El consenso sobre el papel del Estado y la política antiterrorista, 30 años antes de G. W. BushEl incesante recurso al consenso
para justificar la aceptación por parte de la izquierda de un orden
político y económico a la medida de la oligarquía española, y el pacto
de silencio sobre la Guerra Civil, los cientos de miles de asesinatos
tras la entrada de los “nacionales” en cada pueblo y en la larga
posguerra, el maquis, la brutal represión de las organizaciones
populares y el frecuente recurso al espantajo de la amenaza de golpe de
estado, consumaron, excepto en Euzkadi, la profunda desvertebración
política e ideológica de los pueblos del Estado español. Fenómenos de
subcultura como la “movida” de los años 80 y la entrada masiva de droga
en los barrios obreros de las grandes ciudades, sirvieron para
narcotizar la voluntad de resistencia y de rebeldía de una juventud,
difícil de domesticar de otra manera, y que veía el avance inexorable de
las políticas neoliberales al tiempo que se hundían sin alternativa los
proyectos revolucionarios de generaciones anteriores. El gran consenso,
origen de todos los demás, fue el que se tejió, con la complicidad de
partidos que se autoproclamaban marxistas, acerca del carácter neutral
del Estado. La quiebra definitiva del más mínimo planteamiento de
transformación social fue asimilar que todo lo que es el Estado
(ejército, fuerzas represivas, aparato judicial, política exterior,
instituciones…etc.), no representa intereses de clase, sino que se sitúa
en un sagrado limbo, por encima de los conflictos sociales. La
limitadísima democracia burguesa, con un rey a la cabeza nombrado por
Franco y con unos aparatos del Estado heredados de la Dictadura, con sus
jerarquías intactas[5],
eran la Democracia. Quienes salieran de sus límites eran, terroristas,
sobre quienes debía caer el peso de sus democráticas leyes y de la
violencia del único depositario legítimo de la misma. La defensa del
Derecho de Autodeterminación de los pueblos como principio democrático
básico por parte de la izquierda[6],
fue una de las primeras desaparecidas en las turbias aguas de la
Transición. Se abría así un abismo insalvable entre la izquierda
institucional y la izquierda abertzale y, lo que es más grave, con la
decidida complicidad de CC.OO. y UGT se inoculó el españolismo
antiterrorista, situado ideológicamente en los aledaños del fascismo, en
amplios sectores populares. La negación por parte de la izquierda de la
naturaleza del Estado como instrumento privilegiado de la burguesía en
la lucha de clases – máxime cuando conserva intacta la herencia fascista
- que impregna a todas y cada una de sus instituciones y que ejerce la
más brutal violencia social para sostener un sistema que se sustenta en
la dictadura del capital sobre el resto de la sociedad, es el auténtico
pilar de la Transición sobre el que se edifica el famoso consenso.
Esa es la clave de bóveda que ha sustentado y sustenta la complicidad
de la izquierda en toda la trama antiterrorista; desde el apoyo del PSOE
y del PCE a la Ley Antiterrorista de 1980, al ejercicio directo del
terrorismo de estado con el GAL del PSOE, el Pacto Antiterrorista
PSOE-PP, la Ley de Partidos Políticos, la ilegalización de Batasuna con
la abstención de IU, el voto favorable del grupo socialista y de IU a la
Orden de detención europea, la aceptación durante las primeras 48 horas
de la tesis de la autoría de ETA en los atentados del 11M por parte del
PSOE, PCE e IU, etc. El fantasma del golpe de estado ha sido
profusamente agitado y utilizado en ocasiones claves para prevenir
actitudes o decisiones que rompieran el guión establecido. Algunos de
los sucesos más significativos son los siguientes:
-la reiterada afirmación de Santiago
Carrillo de que “el color de una bandera no merece una Guerra Civil”
ante la traumática decisión de prohibir a su militancia la exhibición de
banderas republicanas.
-la intervención de Tierno Galván en
1979 en el Congreso del PSOE, cuando Felipe González vio derrotada su
tesis preconizadora del abandono del marxismo, advirtiendo a los
delegados que si adoptaban una dirección no aprobada por González
“mañana mismo los alemanes cortan la financiación del partido, en unos
días más los tanques ocupan las calles de Madrid”[7].
-el intento de golpe de estado del 23 de febrero, como los analistas independientes[8]
muestran con claridad, tuvo a Tejero y a Milans del Bosch como
conejillos de indias de la versión más burda de un doble montaje. De la
operación, también golpista, pero de guante blanco y mucho más compleja,
formaban parte líderes de los grupos parlamentarios comprometidos en un
gobierno de “concentración nacional”[9]
presidido por el general Armada. Ambos proyectos eran conocidos por el
rey y ambos contaban con él como Jefe del Estado y como Jefe Supremo de
las Fuerzas Armadas. Finalmente Tejero desbarató la “operación Armada” y
el rey apareció como salvador de la democracia.
A la desnaturalización ideológica y
política de lo que fue izquierda revolucionaria, le siguió su
liquidación organizativa. Decenas de miles de militantes abandonaron el
PCE entre 1977 y 1982, año en el que se produjo su debacle electoral.
Algo semejante ocurrió en otros partidos situados a su izquierda. La
institucionalización de sus cuadros se continuó con una militancia
clientelar, alrededor de ayuntamientos y empresas. La creación masiva de
onGs por parte de partidos de izquierda, movimientos sociales y
sindicatos se configuró desde entonces como un privilegiado aliado de la
coartada de la “cooperación” y la “ayuda humanitaria” para enmascarar
procesos de recolonización e intervenciones militares; es, además, un
valiosísimo aliado de privatizaciones y, sobre todo, un poderoso
instrumento de integración económica y de neutralización de rebeldías
juveniles.
El auge de IU en la etapa de Anguita no
ha sido más que un paréntesis en este proceso. Como se ha demostrado
estaban en su código genético los elementos fundamentales de la
desnaturalización del PCE. Los intentos del Coordinador General de
cuestionar la Constitución en 1997 y de abordar el Derecho de
Autodeterminación con la integración de Ezker Batua en el pacto de
Lizarra en 1998, fueron abortados desde el interior de la organización y
quedaron reducidos a meros brindis al sol. Algo parecido ocurrió con la
Plataforma por las 35 horas por Ley constituida el mismo año: nació con
vocación de proyecto estratégico para enfrentar el entreguismo sindical
y desapareció sin dejar rastro apenas un año más tarde, cuando Frutos
sustituyó a Anguita para realizar el pacto pre-electoral IU-PSOE en el
año 2000. Se inauguraba formalmente su subordinación al mismo y se
liquidaba cualquier veleidad anti-sistema.
El principio del entreguismo sindical
.El escenario de las relaciones
laborales es el otro ámbito privilegiado en el que se pone de manifiesto
el cambio cualitativo operado en la izquierda política y sindical
durante la Transición, con las desastrosas consecuencias para la clase
obrera que estamos viviendo.
En abril de 1976, con los sindicatos de
clase y la izquierda política aún en la clandestinidad, pero con un alto
grado de organización y combatividad de la clase obrera, se promulgaba
la Ley de Relaciones Laborales[10]
más avanzada que se ha conocido. En ella se reconocían amplios derechos
laborales y, sobre todo, se establecía por primera vez el objetivo
general de la estabilidad en el empleo y el carácter básico de la
contratación indefinida, concretándose unas pocas excepciones. Llama la
atención que esta Ley se promulgase en plena crisis económica y cuando
la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de Europa occidental
estaban evolucionando hacia la “flexibilidad”. La clase obrera era
fuerte y la correlación de fuerzas mandaba.
Su vigencia duró poco más de un año. Los
Pactos de la Moncloa, de 25 de octubre de 1977, cuestionaron
frontalmente lo promulgado 18 meses antes y se reintroduce la
contratación temporal[11], vigente durante toda la Dictadura y objetivo concreto de duras luchas obreras. Un mes más tarde se publicó un Real Decreto[12]
que autorizaba la realización de contratos temporales a trabajadores en
paro y a trabajadores “juveniles”, sin tener que someterlos a la
“formalidad” de justificar su causalidad. En una de tantas paradojas de
la Transición, la recién estrenada democracia conculcó por Real Decreto
el contenido de una Ley de Relaciones Laborales sin que, ni los recién
legalizados sindicatos, ni el recién elegido Parlamento dijeran
absolutamente nada. Para dar una idea de las dimensiones del hecho que
inauguró un proceso de entreguismo sindical que parece no acabar nunca,
hay que recordar que ese tipo de contrato basura para jóvenes es el
mismo contra el que están luchando estos días millones de trabajadores y
estudiantes en Francia.
Contrarreforma tras contrarreforma, lo
sucedido después es una cadena sin fin de privatizaciones,
desregulaciones, generalización progresiva de la temporalidad,
subvenciones, exenciones fiscales y bonificaciones de las cuotas a la
Seguridad Social de la patronal.
Tres grandes huelgas generales se han
sucedido en 1988, 1994 y 2002 sin que la amplia respuesta de l@s
trabajador@s se utilizara como instrumento de presión sindical. La
aceptación de la competitividad como ley suprema a la cual se subordinan
las relaciones laborales ha marcado la más absoluta domesticación de
las dos grandes centrales sindicales, generosamente lubricada con dinero
y prebendas de la patronal y, sobre todo, de los Presupuestos Generales
del Estado. “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”Desde
finales de la década de los 90 tiene lugar en el Estado español, como
en otros lugares del mundo, un significativo resurgimiento de la
movilización de masas, con participación mayoritaria de jóvenes, al
margen de las organizaciones tradicionales de la izquierda, con
contenidos de crítica radical al capitalismo y profunda vocación
internacionalista.
Una peculiaridad se añade. Si bien la
existencia de alguna bandera republicana era constante en cualquier
movilización popular, su presencia masiva y creciente en las
manifestaciones antiglobalización, contra la LOU,.. etc, culmina en
miles de tricolores portadas sobre todo por jóvenes, ondeando en las
manifestaciones contra la invasión de Iraq. Al tiempo, dos lemas se
imponen como demoledoras acusaciones al sistema de ilegitimidad: “Lo
llaman democracia y no lo es” y “No nos representan”.
El 6 de diciembre de 2003, por primera
vez, mientras el Congreso de los Diputados presidido por el rey se
celebraba con gran boato el 25 aniversario de la Constitución se convocó
en Madrid una manifestación por la III República y contra la
Constitución de 1978, por el Derecho de Autodeterminación de los Pueblos
y por la Soberanía Popular. Se pasó de la mera conmemoración nostálgica
y de pequeñas concentraciones a la presencia de miles de personas en la
calle, muy mayoritariamente jóvenes, con reivindicaciones claramente
rupturistas.
Cuatro meses después, el 13 de marzo,
tras los brutales atentados de Atocha, en todos los pueblos y ciudades
la gente protagonizó una verdadera revuelta popular – sin referente
político alguno – para denunciar la manipulación informativa y echar al
gobierno del PP. El análisis de comunicados y declaraciones documenta el
amplísimo seguimiento de la tesis gubernamental de la autoría de ETA[13],
no sólo por parte del PSOE, CC.OO. y UGT, sino también por parte del
PCE, IU, Ezquerra Republicana de Catalunya o el sindicato CGT, lo que
confiere aún mayor valor a la autonomía de pensamiento mostrada por la
gente en la calle. Al igual que otros medios de comunicación
alternativos como la haine, kaos en la red, indymedia barcelona o
nodo50, una modesta organización como Corriente Roja [14]
fue capaz de denunciar el mismo día 11 y al día siguiente las mentiras
del gobierno, la complicidad de la izquierda política y sindical y la
responsabilidad del PP y las multinacionales españolas . Aún a las 19h
del 12 de marzo se podía ver en la manifestación de Madrid a los máximos
dirigentes del PSOE, PCE, IU, CC.OO y UGT al lado de Aznar y de la
familia real tras la misma pancarta en la enésima reedición de la
“unidad antiterrorista”. Al día siguiente la ira de gente ocupando las
calles cambiaría radicalmente el panorama político. Al igual que sucedió
el trece de abril de 1931 con Alfonso XIII, el pueblo gritó a Aznar,
para que no cupiera ninguna duda: “¡Que no te has marchao, que te hemos
echao!”.
Tres colores que remueven los cimientos del sistema
La trascendencia y el progresivo
carácter masivo de la reivindicación republicana ha llevado al gobierno,
con el apoyo de IU, a intentar convertirla en un icono inofensivo,
mellando su esencia antisistema, reduciéndola a la mera reivindicación
nostálgica e incluso intentando equiparar responsabilidades entre “los
dos bandos”.
Dos ejemplos ilustran suficientemente
este nuevo intento de desvirtuar y castrar la semilla revolucionaria que
en este país, contiene la República. El más patético tuvo lugar el 12
de octubre de 2004 cuando en el desfile de las Fuerzas Armadas – acto
que en sí mismo recuerda vivamente la continuidad del franquismo – se
hizo marchar a un combatiente de la República, junto a otro que fue a
defender el III Reich con la División Azul. Mucho más sutil es la
Proposición de Ley presentada por Izquierda Verde (antes IU) y aprobada
por el Pleno del Congreso de los Diputados, por la que “Se declara 2006
como año de la Memoria en homenaje y reconocimiento de la Segunda
República como antecedente de la Constitución de 1978...”[15]
La legalidad constitucional de la II República, truncada salvajemente
por un golpe fascista seguido de tres años de guerra civil, es el
antecedente de una monarquía surgida directamente de la Dictadura... La
falta absoluta de lógica de la propuesta muestra con claridad la
colaboración – impagable por proceder precisamente de IU – para intentar
ocultar, ante el arraigo popular de la reivindicación republicana, que el rey está desnudo.
Está apilándose material altamente inflamable..
Es evidente que el poder intuye que
pueden mezclarse ingredientes altamente peligrosos. Por un lado la
rebeldía radical ante un sistema que niega cualquier esperanza de futuro
a la inmensa mayoría de los jóvenes y que se ha expresado en un
movimiento antiglobalización de contenidos mayoritariamente
anticapitalistas, que la socialdemocracia intentó con todas sus fuerzas
ocultar pero que sigue ahí latiendo. Por otro, su capacidad de entroncar
con una memoria histórica rota, oculta y silenciada, y por lo tanto,
con toda su fuerza intacta. El pánico, el recuerdo del terror, utilizado
de forma desvergonzada como argumento definitivo y aplastante frente a
las ansias de libertad de generaciones anteriores, no vale ya ahora.
Lo más fecundo del movimiento
republicano es precisamente la utilización espontánea de esa bandera por
los jóvenes para expresar rebeldía, contrapoder, cuestionamiento
radical del orden existente.
Como se decía en el manifiesto del 6 de
diciembre de 2003, los jóvenes de hoy, que sufren la precariedad y el
paro y que asisten cada día a la impúdica exhibición de la barbarie y la
hipocresía, ni vivieron la Transición, ni se sienten rehenes de ese
proceso político en el que no participaron. Unas veces a tientas y otras
a borbotones van mezclando poco a poco muchos ingredientes: la
rebeldía, la voluntad de resistir, la reivindicación de la soberanía
como construcción de la democracia directa, la ruptura con todas las
instituciones del sistema capitalista, la denuncia del cinismo de los
partidos y sindicatos que actúan como apagafuegos del orden establecido,
el antiimperialismo como método de análisis y de solidaridad
internacionalista, la búsqueda constante de la unidad desde la
aceptación primaria de la diversidad ideológica y el convencimiento de
que sólo ese caldo de cultivo, en el que son necesarias todas las
partes, aportará la masa crítica para la reconstrucción del proyecto
revolucionario, al calor de las luchas sociales.
No ha sido suficientemente analizado el
papel devastador de todas las renuncias de la Transición en la
conciencia y la identidad de los pueblos del Estado español[16].
No se trató sólo de retrocesos en conquistas sociales, ni de la
dolorosa comprobación de la desintegración ideológica y organizativa de
organizaciones que fueron referentes de la dignidad individual y
colectiva. Se vivió una auténtica anomia[17] como pueblo que actuó como poderoso catalizador de la desintegración de la resistencia popular después de la Transición.
En la antítesis, la izquierda
nacionalista vasca (y otras organizaciones menores de Catalunya y
Galiza) – intérprete y representante de una buena parte de su pueblo –
no aceptó la Constitución de 1978 y ha sido capaz de mantener, en
clamorosa diferencia con la izquierda del resto el Estado, sus
organizaciones y sus reivindicaciones nacionales y de clase. Treinta
años después, tras persecuciones, ilegalizaciones, encarcelamientos y
torturas demuestran – con la presencia masiva de jóvenes y su enorme
capacidad de movilización – la fuerza de su proyecto político.
Precisamente la necesidad de que la
fuerza de ese ejemplo de resistencia frente al Estado y sus aparatos –
ampliamente reconocido por los jóvenes más conscientes de los diferentes
territorios del Estado – se convierta en patrimonio colectivo, junto a
la posibilidad y necesidad de que todo ello fragüe en una nueva
recomposición de la unidad de clase entre los pueblos del Estado
español, que, por supuesto, parta del derecho inalienable a decidir su
futuro como nación, es otro imprescindible elemento que es preciso
incorporar a la conciencia y a la identidad colectiva.
La lucha antisistema, la voluntad de contrapoder, aquí y ahora de jóvenes, mujeres, inmigrantes y de tod@s aquell@s
que no somos vistos por el poder más que como mercancías, es el terreno
abonado para que germine la semilla revolucionaria, libertaria y
comunista. Si el arma más importante en manos de los dominadores es la
aceptación de su inevitabilidad por los dominados, la fuerza de la
memoria de uno de los ejemplos más luminosos de rebeldía, de resistencia
y de internacionalismo, el que ofrecieron los pueblos del Estado
español en defensa de la república y de su revolución, debe vertebrar el
si, se puedeprimario, imprescindible, fundante.
Madrid, 21 de marzo de 2006
[1] El texto de la misma puede verse en:http://www.derecho.com/xml/disposiciones/trini/disposicion.xml?id_disposicion=31992
[2] El contenido literal de los Pactos de la Moncloa puede consultarse en:http://www.fuenterrebollo.com/Pactos-Moncloa/menu.html
[3].
A Pilar Vaquerizo, viuda de Francisco Granado, se le ha negado
recientemente la indemnización concedida a losexpresos del franquismo
con el argumento de que su marido, ejecutado 17 días después de haber
sido detenido, por “ no haber hecho el tiempo mínimo de prisión exigido
por la normativa que regula dichas ayudas”.
[5]
La mejor crónica de la Transición, de las brillantes carreras en la
“democracia” los jerarcas del régimen y de los 104 asesinatos
perpetrados entre 1976 y 1980 por fuerzas del “orden” y paramilitares,
está en Grimaldos, A. (2005) La sombra de Franco en la Transición. Ed. Anaya, Oberón.
[6]España,
estado multinacional. Informe al Comité Central del PCE presentado por
Dolores Ibárruri en septiembre de 1970. En su discurso del 2 de junio de
1935, el Secretario general del PCE, José Díaz, enunció como 2º punto
del programa mínimo de un gobierno de Concentración Popular
Antifascista: Liberación de los pueblos oprimidos por el
imperialismo español. Que se conceda el derecho de regir libremente sus
destinos a Catalunya, a Euzkadi, a Galicia y a cuantas nacionalidades
estén oprimidas por el imperialismo de España. http://www.ococtubre.org/Biblioteca/db/index.php?documento=Jose%20Diaz%20Discurso%202-6-1935.htm
[7] Garcés, J. (1996) Soberanos e intervenidos”.Ed. Siglo XXI. Pág. XXVII
[8]
Junto a la obra de Joan Garcés, para el análisis de la red de
complicidades del intento de golpe del 23 de febrero de 1981 debe
consultarse Sverlo, P. (2000) Un rey golpe a golpe.Ed. Ardi beltza.
[9]
Op. Cit. Tejero declara en la instrucción del sumario que Armada “me
dijo que en el gobierno habría Felipe González, , Múgica Herzog (equipo
González) Solé Tura (equipo Carrillo) y otro UCD”. Pág. 202
[10]
La Ley de Relaciones Laborales de abril de 1976 introdujo por primera
vez en el ordenamiento jurídico español el principio de estabilidad en
el empleo. En su artículo 14 establece: El contrato de trabajo se
presume concertado por tiempo indefinido, sin más excepciones que las
contempladas en el artículo siguiente.
[11]
En el apartado relativo a empleo de los Pactos de la Moncloa se
enuncia: “Al objeto de fomentar el empleo juvenil se autoriza, dentro de
un programa experimental que se concretará, la contratación temporal
por un plazo máximo de dos años, para los empleos derivados de los
nuevos puestos de trabajo que se creen a partir del 1 de noviembre de
1977, siempre que los mismos se cubran con personas que desempeñan por
primera vez jun puesto de trabajo.
[12]
El Real Decreto Ley 43/1977, de 25 de noviembre, autorizó la
contratación temporal de trabajadores en paro y/o juveniles sin
necesidad de someter la finalización de esos contratos a la regla de la
causalidad.
[13]Un
riguroso análisis de la contrainformación y de la manipulación
informativa en esas 48h. cruciales puede encontrarse en López, S. y Roig
Domínguez, G. Del desconcierto emocional a la movilización política: redes sociales y medios alternativos del 11 al 13 M. Se encuentra en www.nodo50.org/lecturas/13m_contrainfo.pdf
[14]
Estos dos comunicados dan testimonio, no de dotes extraordinarias de
análisis, sino de independencia política compartida con otros medios de
comunicación alternativos
[15]
Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados.
VIII Legislatura. Serie B: Proposiciones de Ley. Núm. 221-1. Proposición
de Ley 122/000180.
[16] En el artículo la Patria Perdida http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=15423 se parte de la afirmación de León Felipe: España esta muerta, la mataron los fascistas
para ilustrar la identidad popular que Franco pretendió asesinar en la
Guerra Civil, que se reconstruyó pese a todo en la lucha contra la
Dictadura, y se pretendió enterrar de nuevo en la Transición.
[17]
El texto de Antonio Machado escrito para la España de la posguerra, es
válido también para los años posteriores a la Transición: Fue un
tiempo de mentira, de infamia/A España toda, la malherida España, de
carnaval vestida nos la pusieron/pobre, escuálida y beoda, para que no
acertara la mano con la herida.
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