Los movimientos sociales de Cataluña exigen al Parlamento Renta garantizada

DECLARACIÓN
Las personas de los movimientos y organizaciones sociales y cívicas reunidos como Parlamento Ciudadano para tratar de la proposición de ley “Renta Garantizada de Ciudadanía”, en la sesión que tiene lugar en la plaza del Rei de Barcelona, el 28 de junio de 2014, teniendo en cuenta los informes y debates realizados, una vez oídas las razones y testimonios expresados en este debate, exponemos:

1. El Parlament de Catalunya desde que fue aprobado el Estatut d’Autonomia no ha cumplido con su obligación de desarrollar el artº 24.3, relativo a los derechos en el ámbito de los servicios sociales. La ausencia de esta Ley ha impedido que cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas de Catalunya alcanzasen los mínimos de una vida digna, y superaran la pobreza ocasionada por un sistema económico injusto.
2. Ha sido la ciudadanía quien ha asumido la responsabilidad de desarrollar dicho artículo del Estatut a través de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía. Esta iniciativa ha obtenido el aval de 121.191 firmas, la colaboración de 69 organizaciones sociales, cívicas y políticas, y el apoyo de mociones en 45 ayuntamientos de Catalunya, representativos de una gran mayoría de la población.
3. Por diversas vicisitudes políticas, la tramitación de la ILP ha sufrido un importante e inexcusable retraso, siendo una proposición de ley que por su naturaleza es de urgencia social.
Oídas las intervenciones de los ponentes y los testimonios en esta Asamblea, llegamos a las siguientes conclusiones:
A. La proposición de Ley “Renta Garantizada de Ciudadanía” cumple el enunciado del artº 24.3 del Estatut de Autonomía. Garantiza el derecho subjetivo de todas las personas y familias a una renta que garantice los mínimos de una vida digna, con el requisito para quienes se encuentran sin empleo y estén en condiciones de trabajar de aceptar una oferta legal de ocupación.
B. La cuantía de la renta es de 664 euros al mes y deriva del indicador de suficiencia de renta de Catalunya periodificado en doce mensualidades.
La injusta congelación que desde hace años sufre este indicador hace necesaria su actualización y la puesta en marcha de mecanismos de control ciudadano.
C. La aplicación de la Renta Garantizada devuelve la esperanza de una vida digna a los ciudadanos y ciudadanas sin empleo que han agotado prestaciones y subsidios, complementa las pensiones de jubilación que se encuentran por debajo del indicador de suficiencia de renta, evita una parte importante de los desahucios de viviendas a causa de la falta de ingresos por desempleo y situación de pobreza, y beneficia al conjunto de la ciudadanía al garantizar un derecho frente a las incertidumbres de la vida y del trabajo en esta época de crisis. Tiene, además, un efecto estimulante sobre la demanda y la superación de la crisis económica.
D. La proposición de ley de una Renta Garantizada de Ciudadanía es una prioridad social junto al derecho a la salud y la educación. Ello debiera ser suficiente para justificar su viabilidad económica.
Los estudios de cualificados economistas que han colaborado con esta proposición de ley demuestran que si se considera:
-       El coste económico de la pobreza.
-       La cuantía, la complejidad y el coste administrativo de las ayudas sociales existentes que serían sustituidas en gran medida por la Renta Garantizada.
-       Que la implementación de la Renta Garantizada tiene un retorno a la sociedad a través de la demanda de productos básicos que impulsa el desarrollo económico y los impuestos consiguientes.
-       Que el incremento de la desigualdad va unido al enriquecimiento de una minoría, y que una actuación fiscal progresiva en el tramo competencial de la Generalitat generaría ingresos para financiar dicha Renta.
-       Que la acción contra el fraude fiscal, la aplicación de impuestos sobre los intereses abusivos de los créditos de fondos y bancos a la propia Generalitat, aportaría más ingresos. etc., etc.
Sin enumerar de manera exhaustiva otras actuaciones fiscales, podemos concluir que la proposición de ley “Renta Garantizada de Ciudadanía” es viable y solo depende de la voluntad política del Parlament y el Gobierno de la Generalitat hacer realidad un derecho y cumplir con el Estatut.
ACUERDOS:
El Parlamento Ciudadano, como conclusión de sus trabajos, acuerda requerir al Parlament de Catalunya:
1. La aplicación efectiva de la vía de urgencia en la tramitación de la Proposición de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, iniciando de manera inmediata las comparecencias y habilitando los medios para que se resuelvan en breve plazo.
2. El respeto a los contenidos de la proposición de ley.
3. La aprobación de la proposición de ley antes que finalice 2014 para que pueda aplicarse a comienzos de 2015.
El Parlamento Ciudadano adquiere los siguientes compromisos:
Los representantes de los movimientos sociales y cívicos nos comprometemos a continuar la movilización por el proyecto de ley de una Renta Garantizada de Ciudadanía, en el caso de que el Parlament de Catalunya no cumpla con las expectativas y esperanzas depositadas en él.
Organizaremos las iniciativas y acciones necesarias para hacer realidad dicha proposición de ley. Si es preciso, impulsaremos una consulta a la ciudadanía de Catalunya para que esta decida.