ESPAÑA: 10.000 AFORADOS BLINDAN EL SISTEMA POLÍTICO DE LA MONARQUÍA

Un caso único en todo el mundo

 

Por Ernesto Gutiérrez - Canarias-semanal.org

 

   La Reina, Felipe Borbón y su esposa Leticia, es decir,  la Casa Real borbónica española al completo, han entrado en el concurrido club de los "aforados". Aquellas personas que solo responderán de sus delitos ante el Tribunal Supremo y no ante los tribunales comunes. Dicho de otra forma, en caso de ser imputados por algún delito común, la causa contra ellos se tramitará a través del Tribunal Supremo, según anunció el titular de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al concluir el Consejo de Ministros del pasado viernes. ¿Una casualidad?  Nada de eso. Ante los inquietantes casos de Urdangarín y Cristina de Borbón el monarca se cura en salud y protege a su vástago y al resto de la familia  de las inspecciones indiscretas de algunos jueces atípicos y rebeldes.     Con ello, las instituciones del Estado completan el blindaje judicial de la familia real con una hiperprotección que, en realidad, constituye  una salvaguardia contra cualquier proceso que se pueda iniciar contra ellos por delitos de carácter común, como ha ocurrido con la princesa Cristina y su esposo Iñaki Urdangarín. Con ello, de acuerdo con la ley, los Borbones quedan al resguardo casi total del peso de la justicia, ya que el rey Juan Carlos de Borbón disfruta ya, según la Constitución, de la "inviolabilidad" absoluta, incluso ante el Supremo.


     Al igual que sucedía con los reyes medievales, el monarca Juan Carlos de Borbón sólo será  responsable  "ante Dios y ante la historia", como ocurría con su predecesor el dictador Francisco Franco, también inmune ante cualquier proceso judicial.


     El ministro de justicia, el político ultraconservador Ruiz Gallardón,  ha declarado que su Gobierno ha establecido tales cambios porque interpreta que existía una “disfunción” en la estructura del Estado, que tenía su origen en el hecho de que un ministro estuviera aforado y la familia del rey no.


UN PAÍS DE AFORADOS

      Curiosamente, lo que en  la historia había sido una protección para los representantes populares frente al autoritarismo real, se ha convertido, en el caso de España en una simple y llana protección  de las corruptelas que tienen su origen en los diferentes aparatos del Estado. Las corruptelas del rey, de los políticos y de los altos funcionarios  han quedado al abrigo de  una suerte de protección legal frente a cualquier tipo de indagación pública o judicial. Los dos últimos estamentos sólo responden ante el Tribunal Supremo. El rey, ni siquiera ante éste.


      En la actualidad, en España el número de aforados alcanza una increíble cifra. 10.000 personas se encuentran protegidas por ese privilegio. De ellos, 2.000 son políticos. Entre otros muchos, tienen reconocido este privilegio el presidente del gobierno y sus ministros, los presidentes de los gobiernos autonómicos, así como sus consejeros, que sólo podrán ser juzgados por el Tribunal Supremo o los tribunales superiores de justicia.


     De igual forma, son también aforados los presidentes del Congreso y del Senado, los diputados y senadores, los presidentes de los parlamentos autonómicos y sus parlamentarios. Disfrutan también de esa protección-privilegio, el presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, el presidente y consejeros del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.


      A esta ya larga lista se vienen a añadir el presidente del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

      También las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado gozan de una condición especialísima de aforamiento, que les permite ser juzgados tan sólo por las Audiencias Provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.



EL RÉGIMEN NACIDO DE LA TRANSICIÓN SE AFORÓ A SÍ MISMO

    El caso de España es "peculiar" entre los países del entorno occidental-capitalista. Ni Estados Unidos, ni en Gran Bretaña, ni en Alemania existe el aforamiento. En los casos de Italia y Portugal no existe más aforado que el presidente de la República. En Francia a la presidencia de la República se añade la del primer ministro y los componentes de su gabinete.


      El aforamiento fue una fórmula expresamente articulada durante la llamada "Transición democrática". Con ella el conjunto de la casta política que pactó la Constitución del 78, así como el conjunto de la institucionalidad monárquica, se autoprotegió frente a las posibles interferencias del poder judicial o de las reclamaciones públicas. Este último, asimismo, procedió también  a su propio autoblindaje.