La lucha por el oro azul

Urbanización Ruimar, en el Delta del Ebro. PEDRO ARMESTRE / GREENPEACE

Dejaríamos un fármaco indispensable para la vida de todos los seres humanos en manos de empresas privadas? Eso es precisamente lo que está ocurriendo, pero no con un fár­maco, sino con algo mucho más importante: el agua. Controlar el agua supone controlar las volunta­des de los seres humanos. Por el agua pasa todo: la ali­mentación, la energía, la industria… Las grandes corpo­raciones saben que quien sea dueño del grifo será dueño de todo lo demás.
La sociedad civil está reaccionando y cada vez surgen más voces reclamando que el acceso al agua potable sea considerado un derecho humano. “El agua ha sido un recurso público, bajo dominio público, durante más de 2.000 años. Cedérselo a entidades pri­vadas es peligroso y moralmente equivocado”, señaló en 2011 a la revista Newsweek el abogado especializa­do en agua James Olson. España, Grecia e Italia, tres de los países europeos más afectados por la crisis finan­ciera y debilitados por las llamadas ‘políticas de auste­ridad’, se han convertido en un nuevo campo de batalla en esta guerra global por el control del agua, una guerra en la que se mezclan los intereses de grandes grupos de presión, constructoras, bancos, eléctricas e industria agroalimentaria, ávidos por obtener liquidez inmediata y, también, por tomar posiciones de cara a un mercado clave para el futuro inmediato.
Pero para hacerse una idea de la magnitud de lo que está en juego cuando los vecinos de un pueblo como el Puerto de Santa María (Cádiz) o Alcázar de San Juan (Ciudad Real) se movilizan contra la privatización de la gestión del agua, hay que dar un paso atrás y ver la foto desde la distancia. Hoy, casi 800 millones de personas carecen de acceso a agua potable en el mundo. La po­blación mundial en 2050 pasará de los más de 7.000 mi­llones de la actualidad a 9.000 millones y, según el últi­mo Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, publicado por Naciones Unidas en 2009, ese rápido incremento ha causado que las extracciones de agua se hayan triplicado en los últimos 50 años. Las estimaciones hablan de que para 2050 serán 2.000 mi­llones de personas las que no tengan acceso a agua po­table, mientras la demanda de alimentos se disparará un 70%. A esto hay que añadir las consecuencias del ca­lentamiento global provocado por la actividad humana: las predicciones hablan de que las zonas con escasez de agua (en la jerga, estrés hídrico) se incrementarán en el centro y sur de Europa y que el número de habitantes afectados en esta zona pasará de 28 a 44 millones ha­cia el año 2070.
El agua, además, es pieza clave en la geopolítica mun­dial. Existen 276 ríos transfronterizos en el mundo. En 2009 el Ministerio de Defensa de Canadá publicó el in­forme El futuro de la seguridad medioambiental 2008- 2030 en el que advertía que, si bien la lucha por recur­sos tales como agua y alimentos “no parece que vaya a causar conflictos entre Estados”, sí pueden estallar “disputas internas o interregionales entre personas que traten de asegurarse estos recursos para su supervi­vencia”. En África, el fenómeno conocido como hidroco­lonialismo está a la orden del día. “La presión sobre los países es enorme, y tres de los principales territorios de la cuenca del Nilo (Etiopía, Sudán y Sudán del Sur) ya han cedido vastas extensiones de tierra. En Sudán y Sudán del Sur se han entregado 4,9 millones de hec­táreas (una superficie superior a la de los Países Bajos) desde 2006 a firmas extranjeras. En Gam­bela (Etiopia), en la frontera con Sudán del Sur, multi­nacionales como Karuturi Global (India) o Saudi Star (Arabia Saudí), capitaneadas por los multimillonarios Ramakrisha Karuturi y Sheikh Al-Amoudi, están cons­truyendo canales de riego para extraer agua del Nilo desde Etiopía”, publicaba en El País el periodista Miguel Ángel García Vega en diciembre de 2012.
“Se puede hablar con absoluta propiedad de la exis­tencia, a veces larvada, de una guerra del agua tanto en­tre naciones como entre grupos sociales antagónicos con intereses contrapuestos. Se establece de hecho una pugna entre quienes piensan que el agua debe ser con­siderada un bien comercializable (como el trigo, la soja, el café o la carne) y quienes sostienen que se trata de un bien social relacionado con el derecho a la vida”, apunta José Antonio Segrelles Serrano, catedrático de Geogra­fía Humana de la Universidad de Alicante, en su estudio Geopolítica actual del agua en el mundo.

Los nuevos dueños del agua

Mientras que en 2000 el 5% de la población mundial recibía en alguna medida el servicio de agua a través de empresas privadas, esa proporción se ha elevado al 14% en 2011, hasta los 962 millones de personas. El por­centaje llega al 27% si hablamos de población urbana (los cálculos de Naciones Unidas estiman que en 2030 el 60% de la población mundial vivirá en ciudades). Sólo en 2011, 53 millo­nes de personas han pasado a de­pender de empresas privadas para el consumo cotidiano de agua, se­gún datos del último Libro del Agua de Pinsents Masons (Pinsents Masons Water Book 2012-2013).
Esta tendencia se ha visto ace­lerada en los países emergentes por las políticas del Banco Mun­dial. Esta organización dependien­te de Naciones Unidas ofrece líneas de crédito a países en desarrollo a cambio de que privaticen total o parcialmente la gestión del agua. En su informe de 2003 Los barones del agua, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas inglesas) analizó 276 préstamos ofre­cidos entre 1990 y 2002 por el Banco Mundial y etique­tados como ‘suministro de agua’. Al menos 84 de esos préstamos estaban condicionados a la privatización. “Las compañías han trabajado junto al Banco Mundial y otras entidades financieras internacionales para ganar terreno en todos los continentes. Ejercen una presión agresiva para lograr un marco legal y unas condiciones de mercado que fuerce a las ciudades a privatizar su agua”, apuntan desde el ICIJ.
La privatización supone en muchos casos un aumen­to de las tarifas que pagan los ciudadanos por el agua. El caso quizá más célebre se dio en el año 2000 en la ciu­dad boliviana de Cochabamba. La
La privatización auspi­ciada por el Banco Mundial, de la mano de un consorcio de empresas (entre otras la estadounidense Bechtel y la española Abengoa) fue frenada por las protestas ciuda­danas, algo que ya empieza a ser frecuente en España.
Los dos gigantes empresariales en la privatización del agua, que operan en decenas de países (entre ellos España) a través de filiales, son franceses. Se trata de Suez Environnement (que sirve a más de 117 millones de personas) y Veolia Environnement (con más de 131 mi­llones de clientes). Entre las 15 grandes compañías mun­diales, se cuela una española, Fomento de Construccio­nes y Contratas (FCC), propiedad de Esther Koplowitz. A través de su filial Aqualia, FCC sirve a 28,3 millones de personas en todo el mundo.

España en el punto de mira

A diferencia de otros países, en España el agua (las aguas continentales, superficiales y subterráneas) son de dominio público, es decir, propiedad de todos. Así lo establece la Ley de Aguas, de 1985. La clave está en la gestión de ese recurso. El Gobierno del PP acaba de mo­dificar esa Ley de Aguas mediante disposiciones adicio­nales a la Ley de Evaluación Ambiental. “Se han relajado y acortado todos los plazos para realizar declaraciones de impacto ambiental con la intención de facilitar pro­yectos de todo tipo a empresas de todo tipo”, indica Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpea­ce y miembro del Consejo Nacional del Agua.
El endeudamiento y la falta de liquidez de los ayun­tamientos que causó el estallido de la burbuja inmobi­liaria y la quiebra del sistema de cajas de ahorros ha ori­ginado que la privatización de la gestión del agua haya pasado a ser vista como una fuente de ingresos para las arcas públicas. El agua se suma a las presiones privati­zadoras en la Sanidad, la Educación, etcétera: las joyas de la corona del Estado de bienestar. “El dinero del res­cate a los bancos se va a pagar con el agua de Grecia, Ita­lia y España”, señala Pilar Esquinas, abogada especializada en aguas que asesora a 12 comunidades de regan­tes y a vecinos de 23 pueblos. Los municipios están usando sus em­presas de agua para financiar la deuda que arrastran, en muchos ca­sos repercutiendo en la factura que pasan a los ciudadanos costes que no son reales, sólo para obtener li­quidez. “No nos parece ético que el dinero obtenido por dar un ser­vicio esencial, como es el agua de beber, se use para pagar los fuegos

La privatización auspi­ciada por el Banco Mundial, de la mano de un consorcio de empresas (entre otras la estadounidense Bechtel y la española Abengoa) fue frenada por las protestas ciuda­danas, algo que ya empieza a ser frecuente en España.
Los dos gigantes empresariales en la privatización del agua, que operan en decenas de países (entre ellos España) a través de filiales, son franceses. Se trata de Suez Environnement (que sirve a más de 117 millones de personas) y Veolia Environnement (con más de 131 mi­llones de clientes). Entre las 15 grandes compañías mun­diales, se cuela una española, Fomento de Construccio­nes y Contratas (FCC), propiedad de Esther Koplowitz. A través de su filial Aqualia, FCC sirve a 28,3 millones de personas en todo el mundo.
ESPAÑA EN EL PUNTO DE MIRA
A diferencia de otros países, en España el agua (las aguas continentales, superficiales y subterráneas) son de dominio público, es decir, propiedad de todos. Así lo establece la Ley de Aguas, de 1985. La clave está en la gestión de ese recurso. El Gobierno del PP acaba de mo­dificar esa Ley de Aguas mediante disposiciones adicio­nales a la Ley de Evaluación Ambiental. “Se han relajado y acortado todos los plazos para realizar declaraciones de impacto ambiental con la intención de facilitar pro­yectos de todo tipo a empresas de todo tipo”, indica Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpea­ce y miembro del Consejo Nacional del Agua.
El endeudamiento y la falta de liquidez de los ayun­tamientos que causó el estallido de la burbuja inmobi­liaria y la quiebra del sistema de cajas de ahorros ha ori­ginado que la privatización de la gestión del agua haya pasado a ser vista como una fuente de ingresos para las arcas públicas. El agua se suma a las presiones privati­zadoras en la Sanidad, la Educación, etcétera: las joyas de la corona del Estado de bienestar. “El dinero del res­cate a los bancos se va a pagar con el agua de Grecia, Ita­lia y España”, señala Pilar Esquinas, abogada especializada en aguas que asesora a 12 comunidades de regan­tes y a vecinos de 23 pueblos. Los municipios están usando sus em­presas de agua para financiar la deuda que arrastran, en muchos ca­sos repercutiendo en la factura que pasan a los ciudadanos costes que no son reales, sólo para obtener li­quidez. “No nos parece ético que el dinero obtenido por dar un ser­vicio esencial, como es el agua de beber, se use para pagar los fuegos artificiales del pueblo o un audito­rio… Un bien de primera necesidad como es el agua no puede utilizarse como una fuente de recaudación de impuestos”, afirma Santiago Mar­tín Barajas, responsable de agua de Ecologistas en Acción.

Cerca del 50% de la gestión del agua en España está en manos pri­vadas, ese porcentaje llegará al 69% en 2025, según estimaciones del Li­bro del Agua de Pinsents Masons. La privatización avanza pese a que las dudas sobre la eficiencia de la ges­tión privada son bastante concluyentes. El caso de An­dalucía es notorio: “Desde finales de los 80 muchos mu­nicipios andaluces han optado por la privatización de la gestión del servicio de aguas. Una de las razones ex­puestas por la literatura para explicar la decisión es que el gestor privado es más eficiente que el público. (…) Contrariamente a las tesis que mantienen que la gestión privada es más eficiente que la pública, los resultados muestran que la empresa pública es más eficiente que la privada”. Estas son las conclusiones del estudio La ges­tión del servicio de abastecimiento de agua en las ciuda­des: ¿empresa pública o privada?, realizado por investi­gadores de la Universidad Granada y publicado en 2009.
Al igual que ocurrió con la Sanidad, otro argumen­to para justificar la privatización pasa por la ‘austeri­dad’. Pedro Arrojo, Profesor Titular del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, utiliza un símil inmobiliario para explicar así la situa­ción en un vídeo publicado por la asociación Attac: “Nos van a comprar nuestra propia casa con el dinero público que está cediendo el Banco Central Europeo (ese billón de euros al 1% y a tres años) para la banca privada, que es la que en última instancia actúa a través de Agbar y de las grandes multinacionales del agua. De manera que nos compran nuestra casa con nuestro propio dine­ro y encima nos cobran un 5% o un 6% de beneficio por la transacción. Es un escándalo que se esté empleando dinero público europeo en privatizar las instituciones públicas de gestión del agua”.

Un ‘holding’ mixto

La mayor parte del pastel en España se lo lleva precisa­mente Agbar (Aguas de Barcelona), que actúa a través de numerosas filiales, Hidraqua, Aquagest, Aquadom… y también con el nombre comercial de Aqualogy. Agbar es un holding que pertenece en un 75% a la francesa Suez Environnement y en un 24% a La Caixa. Ofrece servicio a más de 1.200 ayuntamientos y 12,6 millones de perso­nas. “El 50% del agua que circula por España está bajo un régimen de gestión privada. Y de este 50%, el 51% es de Aguas de Barcelona. Lo gestiona Aguas de Barcelona. El agua es un derecho público y el agua es pública. Lo que hace Aguas de Barcelona es distribuirla y tratarla para que llegue en cantidad y calidad suficiente”, señaló en febrero el presidente de Agbar, Ángel Simón, en el pro­grama El Matí de Catalunya Radio. En 2012 Agbar factu­ró más de 1.900 millones de euros.
A través de la marca comercial Aqualia, FCC opera en 800 municipios españoles y da servicio a 13 millones de personas. La compañía de Esther Koplowitz también cuenta entre sus accionistas con una caja de ahorros (Caja España Duero, con el 2,4%) y el rescatado Royal Bank of Scotland (con un 3,4%). En 2013 facturó más de 6.700 millones de euros, pero su deuda financiera roza los 6.000 millones de euros. En ene­ro, Aqualia cortó el agua a 200 fa­milias de Jerez que no podían hacer frente a las tarifas. “No creo que de­jando sin agua a 200 familias, la em­presa vaya a estabilizar sus cuentas de resultados”, dijo entonces el vice­presidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (IU).
La tercera gran compañía espa­ñola que opera en España es Accio­na, formada a partir de la construc­tora Entrecanales, da servicio a 180 poblaciones y 7,5 millones de habi­tantes. En 2012 su cifra de ventas alcanzó los 506 mi­llones de euros. Acciona es precisamente la compañía que ha encargado a la consultora PriceWaterhouseCoo­pers (PwC) un informe que justifique la necesidad de “una reforma profunda del actual modelo de gestión del agua en España”. En el documento se defiende el “nue­vo modelo de colaboración pública-privada” y se exige el desarrollo de “un marco regulatorio estable y predeci­ble que atraiga inversión de operadores especializados”. PwC asegura que si se aplicaran sus recomendaciones se generaría un incremento de las inversiones de 15.700 millones de euros, con un impacto en el PIB de 12.600 millones, la creación de 23.700 nuevos empleos (no es­pecifica en qué condiciones laborales) y un incremento de la recaudación tributaria de 6.900 millones de euros.
Desde Ecologistas en Acción lo ven de otra mane­ra: “No hace falta una nueva legislación en materia de aguas en España. Lo que han hecho con la Ley de Eva­luación Ambiental es una chapuza antidemocrática to­tal y lo han hecho para evitarse la discusión del tema. La gran asignatura pendiente en España son las depurado­ras, mejorar la eficiencia de la red (que no haya fugas) y, sobre todo el establecimiento de los caudales ecológicos de todos los ríos”. Julio Barea, de Greenpeace, apostilla: “España tiene más de 1.200 grandes presas. Todos los ríos compartimentados, machacados, si no muertos. Y, a pesar de eso, cuando tenemos un estornudo de sequía estamos todos temblando”.
Agbar, FCC y Acciona son las compañías que han co­laborado en el gran evento celebrado en Madrid con mo­tivo del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo. El acto lo organizaba una de las joyas, todavía pública, más codi­ciadas por estas empresas: el Canal de Isabel II (CYII). La Comunidad de Madrid, presidida por Ignacio González (PP), busca privatizar el Canal pese a que en 2013 obtuvo unos beneficios de casi 200 millones de euros y pese a la resistencia que oponen organizaciones sociales y ciu­dadanas agrupadas en torno a la Plataforma contra la privatización del CYII.

Controlar la tierra para controlar el agua

Hacerse con el control del suministro en ciudades es apetecible porque si al usuario no le gusta el servicio, no puede cambiar de compañía. Pero el grueso del pro­blema del agua en España no está en las ciudades (el consumo urbano es el 15% del total), sino en el campo, que consume cerca del 80% del agua. “Hay un sobre­consumo insostenible. De las 3,6 millones de hectáreas de regadío que hay en España deberíamos quedarnos en 3 millones. Se cubriría la demanda presente y futu­ra y quedaría producción para la exportación”, indican desde Ecologistas en Acción. En 2005, WWF ya denun­ció que sólo cuatro cultivos de regadío (maíz, algodón, arroz y alfalfa) usan casi 1.000 hectómetros cúbicos al año para producir excedentes: “Su consumo equivale a una cantidad de agua que podría abastecer a 16 mi­llones de habitantes en un año. En los cultivos del fre­són y tomate, se producen retiradas del producto para mantener los precios del mercado, tirándose miles de toneladas”.
La abogada Pilar Esquinas asegura que, con la excusa del plan para modernización de regadíos, grandes em­presas en sintonía con comunidades de regantes frau­dulentas están acaparando tierras con la intención de controlar el agua: “Las grandes constructoras que aho­ra mismo no pueden construir carreteras ni grandes infraestructuras, supuestamente modernizan los rega­díos con unos presupuestos llenos de trampas. Son cré­ditos sobredimensionados y son las tierras las que se ponen como garantía de pago. Los agricultores las aca­barán perdiendo. Cuando un pueblo entra en la cartera de FCC, de Agbar o de Acciona, pasa a ser un cheque de cambio en un futuro gran mercado de derechos de agua, a nivel mundial. Por eso China está comprando en Ar­gentina la soja, aunque en realidad está comprando los derechos del agua. Se va a poder especular con el agua igual que con el gas y la luz”.
Para poder mover el agua y llevarla allá donde la re­clame el cliente, hacen falta grandes canalizaciones. La Ley de Evaluación Ambiental consagra la ‘conexión intercuencas’, aunque desde el Ministerio de Agricul­tura niegan que haya obras previstas: “Establece nor­mas en relación a los desembalses que se aplicarán con carácter general a las transferencias ya existen­tes. Pero en ningún caso prevé la construcción de nin­guna infraestructura”. Los ecologistas denuncian que la nueva norma contempla trasvases “automáticos” y elimina la capacidad de decisión de administraciones locales y regionales. Por eso el Parlamento de Aragón ha recurrido la ley ante el Constitucional. El Ministerio no ceja y ya ha anunciado un nuevo Plan Hidrológico Nacional y reformas de la Ley de Aguas. De momento, no hay dinero para esas grandes obras que serían rea­lizadas y explotadas por la iniciativa privada, pero – como bien saben los agricultores– todo es cuestión de ir preparando el terreno.