“No ha habido una
estafa de mayor cuantía en la historia de la corrupción en España”
afirma Cote Romero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético, organización que agrupa a ecologistas y consumidores, tras
saber que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a
Industria por perdonar 3.000 millones a eléctricas, “y es la punta del
iceberg”.
“La Abogacía General del
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado ha examinado la
consulta (…) sobre las compensaciones a determinadas sociedades
titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica por los
denominados costes de transición a la competencia”. Así comienza el Informe jurídico de la Abogacía del Estado
que destapa un posible fraude provocado por las puertas giratorias
entre el poder político y las grandes eléctricas, según ha publicado
Elpaís.
La Fiscalía Especial contra la
Corrupción ha iniciado una investigación para aclarar por qué el
Gobierno del PSOE permitió que prescribiera una deuda de las compañía
eléctricas de entre 2.500 y 3.500 millones de euros en concepto de
devolución de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs)
percibidos en exceso por estas empresas.
Las puertas giratorias
Cote Romero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético,
organización que denunció el 3 de junio de 2013 en Anticorrupción este
fraude, asegura que “de todas las estafas y de todos los casos de
corrupción que conocemos hasta la fecha, no hay ninguno de tanta cuantía
y demuestra una vez más la connivencia de los dos partidos políticos
que nos han gobernado hasta la fecha con las grandes corporaciones
energéticas”, y añade, “esto es solo la punta del iceberg porque
pretendemos deshacer toda la estafa del sector eléctrico y gasístico que
se ha enriquecido a costa de los bolsillos de todos los consumidores y
especialmente de las familias españolas”.
Asegura Romero que “si se
destapase toda la estafa que hay detrás de las grandes eléctricas, se
podría subsanar no solo la pobreza energética en España, sino la pobreza
en general”, y añade “según un estudio realizado en 2012, solo en ese
año se realizaron 1,4 millones de cortes de suministros a familias sin recursos,
dejándoles sin este bien esencial para poder tener una vida digna, y en
este contexto, en el que sube la luz, en el que aumenta el número de
hogares abocados a la pobreza energética, el Gobierno deja prescribir
una deuda multimillonaria. Es una vergüenza”.
Auditoría y los windfall profits
“Ahora nuestro siguiente paso
es conseguir que Fiscalía realice una auditoría del sector y
especialmente nuestro objetivo es sacar a la palestra los windfall profits,
(beneficios caídos del cielo), es decir, unos 3.400 millones de euros
al año en beneficios que se llevan limpios la nuclear y la gran
hidráulica”, y añade “hemos calculado que ese dinero que ha salido todos
estos años del bolsillo de todos los españoles podría suponer una suma
en torno a 20.000 millones de euros”.
Los windfall profits
se producen por el sistema que funciona en el mercado eléctrico
mayorista de electricidad que funciona basado en fijar un precio
marginalista. Esto quiere decir que todos los productores que logran
vender su electricidad lo hacen al precio del último ofertante, que es
el más caro de todos. Y las centrales que se llevan un margen mayor
entre precio de venta y coste de producción son precisamente las grandes
presas hidráulicas y las centrales nucleares que están, desde hace
décadas, amortizadas en su gran mayoría. Pueden ofertar su electricidad
muy barata basándose en unos costes minúsculos y sin embargo, cobran lo
máximo. Es un “regalo caído del cielo”.
Cronología de la deuda
Los hechos se remontan al año
1997, cuando las eléctricas y el Gobierno del PP pactan una transición
de un mercado regulado a uno liberalizado garantizando la recuperación
de las inversiones efectuadas por aquéllas bajo el marco anterior. El
instrumento de esta garantía, los denominados Costes de Transición a la
Competencia, prevé el destino de hasta un máximo de 2 billones de las
antiguas pesetas para compensar a las eléctricas en el caso de que los
precios de mercado fueran insuficientes para la rentabilización de las
inversiones.
La realidad, sin embargo, es
que a partir del año 2005 el incremento de los precios del mercado
eléctrico –en el que tres de las eléctricas ostentan un notorio poder de
mercado– permitió a las eléctricas ingresar mucho más de lo previsto.
Pero el procedimiento para reclamar a las eléctricas los importes
cobrados en exceso nunca se inició, dando lugar a la prescripción de la
posibilidad por parte del Estado de obtener su devolución.
Tras la denuncia a
Anticorrupción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético también
llevó a cabo una protesta ante el Ministerio de Industria y la sede de
UNESA, en la que decenas de activistas ataviados como cobradores del
frac reclamaron a las grandes eléctricas el pago de la deuda de 3.400
millones de euros por la devolución de los CTCs cobrados de más, a lo
que concluye Cote Romero, “una vez más se demuestra que son las
denuncias ciudadanas las que destapan la corrupción en nuestro país y
los supervisores brillan por su ausencia”.
energynews
No hay comentarios:
Publicar un comentario