Juan Manuel Olarieta
Abogado, escritor y represaliado político
La lucha de clases y los fenómenos políticos, en general, no se pueden plantear y mucho menos resolver en un juzgado.Desde su llegada a la Audiencia Nacional en 1987, Garzón impuso un estilo propio que luego ha sido imitado por todos los demás jueces. Hasta entonces aquel tribunal había sido la guarida de los viejos zorros del TOP, burócratas oscuros del franquismo como Gómez Chaparro y Varón Cobos. Como tantas otras cosas, durante la transición nadie tocó un pelo del sistema judicial, dejándolo tal y como lo habían encontrado, o sea, hecho una cloaca.
Para hacerse una idea: en el viejo aparato burocrático franquista sólo había 800 jueces y ahora hay 4.000. Presten Ustedes atención: el franquismo fue el verdadero neoliberalismo, un aparato de Estado represivo (a más no poder) pero sin verdadero aparato (a menos no poder). Es la "democracia" la que ha creado Estado, un verdadero Estado para la burguesía, el que estaba necesitando desde hacía tiempo, empezando por el Estado de Derecho, siguiendo por el Estado de las Autonomías y acabando por el Estado del Bienestar.
En el sistema judicial ocurrió lo mismo; casi se puede decir que saltamos del viejo Estado feudal al capitalismo monopolista de Estado posmoderno. Eso es lo que ha confundido algunos, que identifican ese tránsito con la "democracia". Por fin ahora tenemos un Estado a nuestro servicio: necesitamos echar una carta y tenemos una oficina de correos, necesitamos pagar impuestos y tenemos la agencia tributaria en la esquina... Así da gusto. Es que antes no veíamos más que a los antidisturbios por la calle...
Pero necesitábamos un estilo propio, personalidad, algo que nos costó alcanzar. La democracia vive del "fashion" y del "look". Eso es Garzón y eso no empezó hasta 1987, verdadera fecha que pasará a la historia como el principio de la transición. ¿O se trata del final de la transición? La verdad es que no lo sabría decir, pero me explicaré.
¿Qué ocurrió exactamente en 1987? Aquel año la represión pasa del GAL a lo leGAL; el Estado pudo dejar de matar gente en Francia porque Francia se la servía en bandeja. Aquel año la ley antiterrorista también dejó de ser ileGAL por un apaño inolvidable del difunto Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional, con otro presidente, Felipe González. Nunca jamás se volvió a discutir sobre la ileGALidad de la ley antiterrorista, ni sobre la ileGALidad de la Audiencia Nacional; es más nunca se volvió a discutir nada de nada.
Ese es el papel de los jueces en un Estado verdaderamente "democrático": ¿para qué hacer las cosas ileGALmente si podemos hacer lo mismo leGALmente? No se si Ustedes se dan cuenta de la importancia de esto, que es la clave del Estado de Derecho: lo que diferencia al franquismo de la "democracia" no es que las cosas son diferentes sino todo lo contrario: las cosas son iguales, lo que pasa es que ahora son leGALes.
Alguien preguntará: ¿qué es lo leGAL y qué es lo ileGAL? La respuesta os la sirven todos los días en los medios de de intoxicación: lo leGAL es lo que los jueces dicen que es leGAL. Punto y final. Por lo tanto, la transición consistió en pasar las competencias del GAL a los jueces de la Audiencia Nacional, hacer lo mismo de manera distinta.
En 1748 Montesquieu, oráculo de la democracia por excelencia, dijo que el poder judicial no era, en realidad, tal poder sino que era políticamente nulo. Por consiguiente, en una democracia no es posible que el poder judicial tenga el poder que hoy vemos que tiene.
Pondré un ejemplo. En Francia para ilegalizar a un partido político hace falta un acuerdo del pleno del Consejo de Ministros, que se puede recurrir ante el Consejo de Estado, es decir, los máximos órganos políticos del Estado. En 1956 Alemania ilegalizó al Partido Comunista después de un largo proceso judicial ante el máximo tribunal del Estado, el Tribunal Constitucional. En España en abril de 2003 Garzón, un simple juez de instrucción, ileGALizó al PCE(r) con un simple auto; ni siquiera necesitaba una sentencia.
Pero las cosas no quedaron ahí. Seguramente el lector habrá oído uno de esos axiomas universales en cualquier país civilizado: nadie puede ser condenado sin ser antes oído. Pues bien, el PCE(r) fue condenado y disuelto sin que nadie le convocara a juicio para poder defenderse. Estamos hablando de 2003, no de 1943, pero es como si el tiempo se hubiera detenido cualquier noche de aquellas de los paredones y los fusilamientos a la salida del pueblo. Los fascistas no necesitan juicios.
Ese es el recorrido que va de un Estado democrático, en el que no hay poder judicial, a un Estado "democrático" en el que los jueces son omnipotentes. Pero en su soberbia estupidez aquí alardean de lo contrario, es decir, nos dicen que la "democracia" es posible porque hay jueces así, omnipotentes, que se convierten en jueces "estrella", vedettes de la toga que acaban estrellados.
No se si el lector está al tanto de otro detalle: como a cualquier burócrata, a los jueces les gusta "hacer carrera", trepar para llegar a lo más alto de la caverna de este Estado. Contaré una anécdota. En los años ochenta un abogado progre que había defendido procesos políticos ante el TOP y luego ante la Audiencia Nacional, organizó uno de esos cursos de verano en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander para pedir la disolución de la Audiencia Nacional. Luego se reconvirtió en juez y nos lo encontramos por sorpresa en un juicio político en la Audiencia Nacional de la que antes pedía su disolución. El nombre de este abogado-juez-político es Ventura Pérez Mariño. Cuando una colega le preguntó en la misma Audiencia: "Qué haces tú aquí?", la repsuesta no pudo ser más clara: "Es que aquí es donde se puede ascender rápido", respondió. En efecto, Pérez Mariño ascendió a político, fue alcade de Vigo y acompañó a Garzón en su periplo como efímero diputado del PSOE, pero en un Estado como éste cuanto más subes de más alto te caes. Dicen que cuando le echaron de la alcaldía de Vigo, Pérez Mariño lloraba...
La lucha de clases y los fenómenos políticos, en general, no se pueden plantear y mucho menos resolver en un juzgado. Pero en este país la soberbia estupidez ha montado un tinglado al que llaman Audiencia Nacional para todo lo contrario. Ahora les gustaría deshacerse de ese montaje y de los jueces que lo han hecho posible, porque se ha vuelto en su contra. Están metidos en una contradicción. Los grandes asuntos judiciales envuelven contradicciones entre las diversas mafias que gobiernan los asuntos del país, de las cuales sabemos bien poco, sobre todo de sus peleas de navajeros, las cuales acaban como todas las pelas de borrachos en la madrugada de un fin de semana cualquiera: en el juzgado de guardia.
Las peleas de borrachos sigue las mismas leyes que la guerra: después del ataque viene el contra-ataque. Cuando atacas mucho, te contra-atacan todavía más. Por eso Mao Zedong decía que hay que saber retirarse a tiempo, porque cuando en tu juzgado organizas un montaje tras otro, te creas muchos enemigos que, tarde o temprano, se volverán contra tí. Un montaje judicial nunca derrota a un enemigo; más bien al contrario, le deja con el cuchillo entre los dientes, esperando la revancha.
Pudiendo hacerlo Garzón no quiso retirarse, no quiso ascender en la "carrera" porque el poder, el verdadero poder judicial, no está arriba, en el Tribunal Supremo, sino abajo, en un simple juzgado de instrucción. Un juez tiene más poder que de 500 diputados. El parlamento redacta una ley fascista, como la ley de partidos; pero su poder está en un papel: quien disuelve un partido es un juez, quien envía a la gente a la cárcel también es un juez.
Recordemos un par de los asuntos más famosos que han pasado por las manos de Garzón, de esos que le han granjeado fama internacional de juez progresista y demócrata. El caso Pinochet fue uno de ellos. Estarán Ustedes conmigo en que parece extraño que una Audiencia Nacional acumule tal poder que se convierta en una Audiencia Internacional. También les extrañará, pienso, que un juez por cuyo despacho en un cuarto siglo han pasado cientos de detenidos despellejados se vaya a buscar torturadores a Chile. Pero en este tipo de juicios políticos hay grandes intereses enfrentados y grandes rencillas que, a falta de otras vías, se tratan de resolver con métodos contra-natura. En el caso de Pionochet eran bien claros y nada progresistas, por cierto. Se trataba de una medida de presión imperialista con la cual las potencias europeas lograron desplazar de sus esferas de influencia a los estadounidenses y a sus marionetas oligárquicas locales, de las que Pinochet era la cabeza visible. Los progres se prestaron a este tipo de montajes imperialistas en nombre de los derechos humanos y la justicia universal. Casi nada.
El caso Amedo tuvo dos caras. Por un lado, fue una desesperada ofensiva del PP para sacudirse de encima a lo que entonces se llamaba el felipismo, que amenazó con eternizarse en el gobierno ante su ineptitud para ganar unas elecciones. El PP tuvo que auparse al gobierno fuera de las urnas, mediante una campaña mediática de altas proporciones que enfangó al PSOE con el GAL hasta las cejas. La guerra sucia no fue cosa del Estado (de todo el Estado) sino del PSOE en exclusiva; los demás (PNV, CiU, IU, BNG, CDS, etc.) estaban exentos de culpa, incluido el propio PP.
La otra cara fue el lavado de cara: no necesitamos hacer las cosas ileGALmente cuando podemos hacerlas leGALmente; cambiemos las cosas de sitio, pasemos las competencias del GAL a la Audiencia Nacional, hagamos lo mismo con la ley en la mano.
Hace seis años, cuando Zapatero llegó al gobierno, se propuso seguir con el lavado de cara: a él nadie le iba a poder echar en cara nada relacionado con el GAL, el felipismo y la guerra sucia. Bajo su mandato el PSOE iba a ser algo diferente. Pero ya ven Ustedes: al final tuvo que poner a Rubalcaba de Ministro del Interior, el viejo zorro felipista cuidando de las gallinas. Ahora el GAL ya es leGAL; no necesita la capucha.
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