El 15M planteó en su momento la
necesidad de que era preciso cambiar el sistema electoral, porque al no
ser proporcional no era justo, y siempre favorecía a los partidos
mayoritarios. Por entonces Pablo Iglesias sostuvo que el sistema
electoral español no se diseñó en la negociación de la Constitución,
sino que procede de un gobierno, por entonces aún franquista, que
pretendía evitar que se repitiese el sistema de grandes coaliciones que
había dado la victoria al Frente Popular en febrero de 1936; y con ello
frenar el peso de la izquierda, en especial en las grandes ciudades.
Nadie puede cuestionar que el Sistema
D´Hont es radicalmente injusto, al favorecer a las grandes fuerzas
políticas en perjuicio de las minoritarias, si bien sus efectos
perversos se hacen notar más en las elecciones generales, dado el escaso
número de escaños en cada circunscripción; y se agudizan cuando se
impone un porcentaje de exclusión o se establece una sobrerepresentación
en unas circunscripciones sobre otras (a modo de ejemplo, con apenas
30.000 votos puede obtenerse en Soria un escaño para el Congreso, y en
Madrid precisaría más de 140.000 votos).
Todas estas anomalías han sido
reiteradamente denunciadas por las fuerzas minoritarias, y en especial
por IU, la gran perjudicada del sistema, pero les han venido muy bien a
las dos grandes fuerzas políticas, al haberse consolidado el
bipartidismo, y su alternancia, y se ha rehuido cualquier debate serio
para cambiar de verdad y en profundidad nuestro sistema electoral, para
que cada voto tenga el mismo valor, pues solo así se consigue una
democracia real. Es más al PP, que aglutina en su seno a un abanico
electoral que va desde la ultraderecha al centroderecha, le ha ido aún
mejor esta fórmula, que ha perjudicado tradicionalmente a una izquierda
fragmentada; no hay duda de que es más fácil poner de acuerdo a los
intereses económicos que a las ideas.
En relación a las elecciones
municipales, en las que apenas se hacen notar los efectos perversos del
sistema D´Hont, y en referencia a la elección de Alcalde, llevamos
más de treinta años escuchando de todos los partidos una cosa y la
contraria, dependiendo del resultado electoral en cada municipio. Si les
favorece que sea Alcalde el candidato de la lista más votada apoyan esa
fórmula, pero si precisan un pacto electoral para conseguirlo, la
descartan, como si fuese normal cambiar de criterio en razón a lo más
conveniente para cada formación política en cada momento y en cada
lugar.
Pero cuando el bipartidismo está tocado
de muerte, lo que ya se ha percibido en las últimas elecciones europeas,
y los resultados electorales pueden tener una lectura muy distinta, el
sistema electoral actual se ha convertido en un peligro para las dos
grandes fuerzas, y en especial para la elección de alcaldes. De ahí que
Don Mariano haya tenido la ocurrencia de modificar la Ley Electoral,
pero no en su conjunto, sino limitándola a lo que pueda perjudicar a su
partido en las próximas eleccciones municipales, que puede traducirse
en la pérdida de alcaldías en decenas de grandes ciudades españolas, en
especial en Madrid y Valencia. En consecuencia propone modificar el
sistema “a su imagen y semejanza”, para favorecer exclusivamente los
intereses del PP, pretendiendo imponer que sea alcalde el candidato de
la fuerza más votada; e incluye la medida en su peculiar paquete que ha
dado en llamar “regeneración democrática”, cuando sus efectos pueden
resultar radicalmente antidemocráticos.
Los socialistas, como ya nos tienen
acostumbrados, no se pronuncian y guardan silencio. Pero las fuerzas
minoritarias, las más afectadas por tal reforma, han puesto el grito en
el cielo. Debemos de ser muy conscientes de que es una fórmula pensada
exclusivamente para frenar el imparable efecto Podemos, que puede
desencadenar la regeneración de la izquierda y hacer posibles alianzas
de las diversas fuerzas políticas que la componen, con unos efectos
demoledores para el Partido Popular.
Pero Rajoy en las últimas horas ya se ha
dado cuenta de que poner en práctica su ocurrencia beneficiaría de
rebote a Bildu y a ERC, al conseguir muchos ayuntamientos, ahora
presididos por otras fuerzas políticas mediante las oportunadas
alianzas. Y consciente de que le pueden llamar proetarra, o
independentista, u otras cosas peores, busca otras fórmulas, que no
harán más que complicar una reforma muy inoportuna a diez meses de las
elecciones locales. Entre ellas está la de exigir un mínimo de un 40%
para que sea alcalde el candidato de la lista más votada, sin descartar
una segunda vuelta en algunos casos; todo un galimatías que puede quedar
en nada, porque no le salen los números, y así no irá a ninguna parte.
Por cierto, al margen de lo
antidemocrático del sistema que pretende imponer Rajoy, se produciría
otro efecto perverso, como es el de la imposibilidad de que pueda
presentarse una moción de censura dentro de los cuatro años que dura el
mandado del alcalde de turno, aunque se plantee por una mayoria
cualificada. ¿Y esto es regeneración democrática?. Más bien todo lo
contrario; un fraude electoral, que diría más de uno.
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