Según este documento, el origen de la serie sísmica detectada en 2013 tiene "relación directa" con la inyección de gas del proyecto Castor. Esta actividad, además, "ha acelerado un proceso sismotectónico de acumulación de esfuerzos que ya existía en la zona aunque no estaba caracterizada".
A finales de agosto de 2013, la inyección de gas en el almacén de gas de Castor, a unos 20 kilómetros de la costa frente a Vinaroz, coincidió con una serie de seísmos, uno de ellos de 3,5 magnitud Ritchter que motivó que a mediados de septiembre, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo paralizara las actividades para comprobar si existía relación.
Los resultados concluyen que "todos los seismos registrados en la serie son de origen tectónico, consecuencia probablemente de los esfuerzos almacenados previamente en una o varias fallas próximas". También señala que "todo indica que el origen de la actual serie sísmica registrada tiene una relación directa con la inyección de gas del Proyecto Castor, sin perjuicio de que tal valoración se confirme en estudios geológicos que se pongan en relación con las características de la inyección".
Además, apunta que "todo indica que el origen de la actual serie sísmica registrada tiene una relación directa con la inyección de gas del Proyecto Castor, sin perjuicio de que tal valoración se confirme en estudios geológicos que se pongan en relación con las características de la inyección".
El Parque de Doñana en Peligro por un proyecto similar.
En Doñana se han aprobado la realización de tres proyectos relacionados con el gas, y uno de ellos consiste en inyectar gas en el subsuelo para almacenarlo aprovechando una zona porosa de la que ya se ha extraído, a semajanza del proyecto Castor. Se trata del Proyecto Saladillo y Proyecto Marismas, ambos promovidos por la entidad Petroleum Oíl & Gas España S.A., filial de Gas Natural Fenosa. Los otros dos consisten en la ampliación de instalaciones ya existentes y la instalación de un gaseoducto que atravesaría sus inmediaciones.
Desde el pasado octubre, grupos ecologistas como La Mesa de la Ría de Huelva, WWF o Ecologistas en Acción, están denunciando que esos problemas sísmicos que se estaban produciendo en las costas de Castellón y Tarragona por la inyección de gas en el subsuelo marino debían servir de advertencia de lo que podría ocurrir con un depósito de gas previsto en Doñana.
Ecologistas en Acción señalaba que “se trata de un almacenamiento de gas que se construirá para que la empresa tenga reservas que le garanticen la venta de gas de forma regular a lo largo de todo el año, evitando tanto las fluctuaciones estacionales como geopolíticas ya que el gas a almacenar procede en su práctica totalidad del extranjero (Argelia). Es decir, se cede el subsuelo de un espacio protegido del más alto valor ecológico y patrimonial para los beneficios de una empresa y sin garantía para las personas de las muchas poblaciones cercanas (incluidas Huelva y Sevilla) y los bienes del Espacio Natural de Doñana”.
También WWF mostraba “su posición contraria a nuevos desarrollos gasísticos en el Espacio Natural de Doñana”, entre los que citaba “la apertura de nuevos pozos, el aumento de instalaciones industriales y gaseoductos o la utilización de los pozos que se vayan agotando como almacenes permanentes de hidrocarburos”, asegurando que a las objeciones de este tipo de instalaciones en el entorno de Doñana, ahora se sumaban los riesgos sísmicos, “los cuales son más que ciertos tras lo ocurrido estos últimos días en el conocido como Proyecto Castor en las aguas del mediterráneo, frente a costa de Castellón y Tarragona".
Por su parte, la Mesa de la Ría llegó a llevar la temática al Parlamento Europeo, afirmando que las plantas de REPSOL POSEIDÓN y sus instalaciones en tierra en el lindero del Parque “funcionan sin la preceptiva Autorización Ambiental Unificada vulnerando la Directiva Europea IPPC, a sabiendas de la Junta de Andalucía, que mantiene en Doñana su particular Salvaje Oeste Ambiental”.
La Mesa informó entonces que “durante el debate de la Petición contra REPSOL en el Parlamento, se pudo comprobar, por las propias declaraciones de los representantes de GAS NATURAL en defensa de su futuro proyecto de almacenamiento, que ésta empresa lleva actuando, al igual que REPSOL, más de treinta años en la zona noroeste de Doñana, sin adaptarse la legislación vigente”.
Los grupos ecologistas pedían al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana que revise el informe positivo que en su momento dio a estos proyectos”. Y al Gobierno del Estado y al de la Junta de Andalucía que impidieran que en Doñana se lleve a cabo una operación de estas características, que suponían un riesgo medio ambiental inasumible… Y hasta ahora la callada por respuesta.
Además de esta problemática, hay que recordar otra igualmente dañina e impulsada por las empresas gasísticas y ptroleras; los proyectos ya aprobados para un próximo inicio de prospecciones en las costas malagueñas, por el procedimiento del fracking. Método que los grupos ecologistas también señalan como culpables de catástrofes medio ambientales y movimientos sísmicos en aquellas zonas donde se han puesto en práctica. Algo que hoy niegan las empresas y las "autridades", como hasta ahora negaban la relación entre los seismos y el almacenamiento de gas en el subsuelo.
¿Habrá que esperar a la destrucción medio ambiental del Parque Natural y a que los habitantes de las costas de Huelva, Cádiz y Málaga sufran las consecuencias de centenares de terremotos, como las poblaciones costeras del norte de Castellón y el sur de Tarragona, para que se impidan la puesta en práctica de estos proyectos? ¿Están ya el Gobierno del Estado y el de la Junta de Andalucía preparando sus hipócritas discursos de “sorpresa”, “condolencia” y “repulsa” por unos sucesos que ahora está en sus manos impedir?
La otra Andalucía
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