Hoy TVE ha despedido a un colaborador
por motivos ideológicos. El damnificado en cuestión se llama Juan Ramón
Rallo, y es (se considera) liberal. Mucho. Tanto, imagínate, que hasta
de TVE le han echado.
La liebre la levantó UGT en su web tan pronto como se supo que Rallo se integraría en la nómina de colaboradores habituales de La Mañana de La 1. “Mariló Montero nos tiene acostumbrados a todo tipo de meteduras de pata, torpezas y salidas de tono que pueden ser y son muy cuestionadas”, dicen desde el sindicato, “pero su última ocurrencia ha ido demasiado lejos al entregar nuestro espacio y la poca audiencia que nos queda a la voz de quien le niega a la radiotelevisión pública su sentido, su existencia y su futuro.”
En efecto, Rallo considera que la televisión publica no debería existir. Que carece de sentido. Esto escribía en su blog a propósito del cierre de Canal 9:
Rallo está lejos de ser un bloguero (ejem) indocumentado. Es doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y hasta dirige su propio think tank, el Instituto Juan de Mariana.
“La misión del Instituto” dice en su web “es investigar y dar a conocer al gran público español, europeo y latinoamericano, los beneficios que para los intereses generales proporcionan la propiedad privada, la libre iniciativa empresarial y la limitación del ámbito de actuación de los poderes públicos”.
Resulta comprensible, por tanto, que a muchos les haya chocado la incorporación de alguien con semejantes ideas a la plantilla de un ente público. ¿Acaso no resulta incoherente que un tipo que aboga por el cierre de las televisiones públicas cobre un sueldo de TVE? Y sí, lo es, pero la libertad de expresión tiene estas cosas, qué le vamos a hacer.
Rallo optó por actuar en contra de sus principios (demos por hecho que los tiene) y colaborar en un medio público a pesar de no creer en lo público (signifique eso lo que signifique). Es una paradoja, de acuerdo. Es feo, de mal gusto, es cínico y, desde cierto punto de vista, también un poco estúpido. Pero tiene derecho a hacerlo. O debería tenerlo.
No viene mal recordar, de cuando en cuando, aquella incómoda cita de Voltaire que decía algo así como: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”. Cámbiese “defenderé con mi vida” por “pagaré con mis impuestos” y entenderá que el despido de Rallo ha sido, simple y llanamente, un acto de censura ideológica.
La liebre la levantó UGT en su web tan pronto como se supo que Rallo se integraría en la nómina de colaboradores habituales de La Mañana de La 1. “Mariló Montero nos tiene acostumbrados a todo tipo de meteduras de pata, torpezas y salidas de tono que pueden ser y son muy cuestionadas”, dicen desde el sindicato, “pero su última ocurrencia ha ido demasiado lejos al entregar nuestro espacio y la poca audiencia que nos queda a la voz de quien le niega a la radiotelevisión pública su sentido, su existencia y su futuro.”
En efecto, Rallo considera que la televisión publica no debería existir. Que carece de sentido. Esto escribía en su blog a propósito del cierre de Canal 9:
No existe ni un solo motivo razonable para mantener abierta ninguna televisión pública.“No existe ni un solo motivo razonable para mantener abierta ninguna televisión pública. Si los ciudadanos las demandan, no será difícil que algún empresario (o los propios trabajadores del canal público organizándose en cooperativas y arriesgando su patrimonio) retome el proyecto con financiación privada y voluntaria (sin carga para los contribuyentes); y si los ciudadanos no las demandan, es obvio que no tienen que sufragarlas coactivamente. No sólo Canal 9 debe cerrar: sino todas y cada una de nuestras televisiones estatales”.
Rallo está lejos de ser un bloguero (ejem) indocumentado. Es doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y hasta dirige su propio think tank, el Instituto Juan de Mariana.
“La misión del Instituto” dice en su web “es investigar y dar a conocer al gran público español, europeo y latinoamericano, los beneficios que para los intereses generales proporcionan la propiedad privada, la libre iniciativa empresarial y la limitación del ámbito de actuación de los poderes públicos”.
Resulta comprensible, por tanto, que a muchos les haya chocado la incorporación de alguien con semejantes ideas a la plantilla de un ente público. ¿Acaso no resulta incoherente que un tipo que aboga por el cierre de las televisiones públicas cobre un sueldo de TVE? Y sí, lo es, pero la libertad de expresión tiene estas cosas, qué le vamos a hacer.
Rallo optó por actuar en contra de sus principios (demos por hecho que los tiene) y colaborar en un medio público a pesar de no creer en lo público (signifique eso lo que signifique). Es una paradoja, de acuerdo. Es feo, de mal gusto, es cínico y, desde cierto punto de vista, también un poco estúpido. Pero tiene derecho a hacerlo. O debería tenerlo.
No viene mal recordar, de cuando en cuando, aquella incómoda cita de Voltaire que decía algo así como: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”. Cámbiese “defenderé con mi vida” por “pagaré con mis impuestos” y entenderá que el despido de Rallo ha sido, simple y llanamente, un acto de censura ideológica.
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