El bienestar que no pudo ser | Publicado: 25/9/2014 08:32

Víctor Arrogante *

Tuve la oportunidad de decirlo el año pasado en estas páginas: la crisis ha terminado; ha llegado a su fin. No hay brotes verdes, ni luz en el túnel. El neoliberalismo ha llegado con la pretensión de quedarse, con estilo autoritario, desactivando a las instituciones democráticas y desmantelando el modelo económico y social del Estado de bienestar, pactado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. En España poco hemos podido desarrollar el modelo y mucho menos tiempo disfrutarlo; tan solo queda una descripción en la Constitución, que ella misma enmienda.


“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, según establece el artículo 1.1 de la CE. este Estado social, lo hemos identificado como Estado de bienestar, alejado de la acción benéfico-asistencial y relacionado con derechos: pensiones, sanidad, subsidio al desempleo, junto a los servicios sociales, el derecho a la educación, la cultura y otros servicios públicos, sustentado todo sobre el principio de universalización, siendo beneficiarios solidariamente el conjunto de la ciudadanía. Este modelo de bienestar social, ha sido sello de identidad de las democracias europeas más avanzadas. En España, en los últimos treinta y seis años, se ha ido elaborando el modelo con esfuerzo y no menos entusiasmo, sin haber podido llegar a su desarrollo pleno.
Este modelo que la Constitución establece, pretendía el bienestar a través de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Sus postulados quedaron desarrollados en el Titulo I “De los derechos y deberes”, protegidos de distinta manera. Se diferencian los derechos fundamentales de los que son “principios rectores de la política social y económica”, incluidos en el Capítulo tercero. No son auténticos derechos, sino meras orientaciones para los gobiernos. El artículo 53.3 dice: “El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos y sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”. Son derechos, pero sin protección constitucional, como si están protegidos los derechos y libertades del Capítulo segundo “Derechos y libertades”, que vinculan a todos los poderes públicos (Sección 1ª. De los derechos fundamentales y libertades públicas y Sección 2ª. De los derechos y deberes).
Ahora todo queda sometido a la economía capitalista y con más definición, tras la reforma del artículo 135 CE, llevada a cabo por el gobierno de Rodríguez Zapatero con el apoyo del Partido Popular en 2011. Con la reforma, la mayoría de los derechos sociales quedan subordinados al principio de estabilidad presupuestaria, limitación del déficit público y de la capacidad de endeudamiento de las distintas administraciones públicas; dando prioridad absoluta al pago de la deuda y sus intereses, frente a cualquier otro tipo de gasto social que el Estado quisiera realizar.
Entre los artículos 39 y 52 de la CE, se desarrolla en buena medida el Estado social o de bienestar: protección a la familia y a la infancia; redistribución de la renta. pleno empleo, formación continua de los trabajadores y derechos a la Seguridad Social, jornada y descanso laboral; derecho a la protección de la salud y fomento del deporte; derecho al acceso a la cultura, la promoción de la ciencia y de la investigación; conservación del medio ambiente así como del patrimonio histórico, cultural y artístico; derecho a una vivienda digna, adecuada y utilización del suelo; participación de la juventud; protección de la tercera edad así como de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos; y defensa de los consumidores. Son derechos que no están blindados por la Constitución y depende su desarrollo de la voluntad política del gobierno de turno, sometido, como es el caso, a los acuerdos que adopte, desde lejos, la Troika europea.
Están desmantelando el modelo de bienestar inacabado. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anuncia que el Gobierno revisará al alza la previsión de crecimiento económico, al considerar que el PIB se incrementará más de lo pronosticado. Ni me molesto en mencionar las cifras, les ahorro su atención; porque no me dicen nada. Me temo que a ellos tampoco, porque de un día a otro, hablan de lo uno y de lo contrario. No aclaran como afectará cada medida a la economía real, que está por debajo del suelo. Es casi seguro que las reformas están dando resultados para sus bolsillos y los de los poderosos que representan, no para la economía real ni el bienestar de la ciudadanía.
Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), avisa sobre la pérdida de impulso de la recuperación en la Eurozona, así como que el elevado paro y la falta de crédito, actúan como freno al crecimiento. Reclama a los Estados miembros más reformas estructurales para que su actuación tenga efecto. ¡La que nos espera! Ha bajado los tipos de interés, con el fin de reactivar la financiación a pymes y familias y apuntalar la recuperación económica, pero la banca española parece que no está en esas. Las entidades bancarias han captado, en la primera ronda de dinero, 14.647 millones de euros, de los 36.500 previstos a fin de año, a pagar en cuatro años y a un tipo rozando el cero (0,05%), que deberán destinar a reactivar los créditos, que siguen sin concederse. ¿Utilizarán el dinero para autofinanciarse? (pregunta retórica).
Pese a las políticas de austeridad, no se ha reducido el déficit público y la deuda pública sigue en aumento (98,2% del PIB). Pese al rescate de los bancos y las inyecciones de fondos, el dinero sigue sin llegar a familias y empresas; no se reactiva la economía y el desempleo se alza por las nubes. Con la política fiscal aplicada, los ingresos del Estado disminuyen, no se persigue el fraude y con todo, desaparecen los servicios públicos esenciales. Es su modelo.
Las causas y razones de las crisis son consustanciales con el sistema capitalista y por los errores políticos, avalados por la teoría ideológica, de quienes las generan. Hoy vivimos el ataque del ‘capitalismo de casino’, contra el bienestar de quienes solo tenemos nuestra fuerza de trabajo. Los partidarios del ‘mercado’ siempre culpan al Estado y su intervención para equilibrar desajustes. No es que fallen los mecanismos, es que el mercado, utiliza las crisis para desmantelar estructuras, deslocalizar producciones y mejorar su posición global. Quienes provocan las crisis, son los mismos que la gestionan, para su propio beneficio.
El objetivo del sistema capitalista es ganar dinero, por lo que fabrica y vende cuanto más mejor. Ocurre que crece más la capacidad de producir que la de consumir y es aquí cuando aparece el sistema financiero: concede créditos al consumo, provocando el endeudamiento del sector privado (familias y empresas). Si la deuda crece de forma desproporcionada algunos precios suben, como el de la vivienda que resultó inflado, creando la “burbuja inmobiliaria especulativa”. Cuando la distancia entre la capacidad de compra y capacidad de pago aumenta, el riesgo de impago sobrepasa los límites y estalla la burbuja y aparece la crisis. En España, tras negar la existencia de la crisis, las soluciones se abordaron tarde y mal y los gobiernos, al dictado del neoliberalismo, intervinieron para ‘salvar’ en exclusiva al sistema financiero, con rescates y ayudas, sumiendo al pueblo llano, en una cada vez más cierta indigencia.
El Gobierno de Rajoy, que gestiona el sistema capitalista, al servicio de ese capital financiero, fiel a su ideología neoliberal, con la excusa de la crisis, desmantela el ‘Estado social’. Con austeridad y sin inversión pública, recorta gastos en prestaciones sociales, elimina derechos y servicios públicos esenciales y privatiza otros; sube los impuestos en general, no se incrementa la presión fiscal, ni se persigue el fraude a las grandes empresas u grandes fortunas. Todo para ellos.
La última del Gobierno es su reforma fiscal, que no es suficiente ni justa ni equilibrada. La reforma conlleva disminución de los ingresos y nuevos recortes sociales, lo que hace que la clase trabajadora y la clase media sigan siendo los grandes contribuyentes. El gobierno no solo no ha bajado los impuestos, salvo para los poderosos, sino que ha subido más de cincuenta, especialmente el IVA, introduciendo copagos y nuevas tasas, como en Justicia. “Ahonda en la inequidad y en un reparto desigual de las cargas, tanto entre trabajadores y rentas del capital, como entre los distintos niveles de renta de las personas” según CCOO e IU. Lo objetivos de una política fiscal justa deben ser “garantizar la protección social de las personas y fomentar la creación de empleo”. La crisis la estamos pagando los que siempre pagamos todo y todo perdemos.
Recaudar más no puede suponer aumentar el esfuerzo fiscal de las clases medias y los más pobres; quién más tiene, ha de contribuir más. Empresas e individuos, deben tributar en función de su capacidad y de su actividad económica real, sin privilegios, ni excepciones. El artículo 31.1 CE establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Las políticas del PP no miran por el interés general, sino por el particular de los poderosos, a quienes representan casi en exclusiva.
La crisis económica sigue su camino, creando su nuevo modelo, que nada tiene que ver con lo conocido. Lo destruido nunca se recuperará. Se ha destruido empleo sin crear nuevos. Se ha abandono a jóvenes y mujeres a su suerte, sin atender a niños, enfermos, ancianos o inmigrantes. Declaran que la reforma laboral está dando su fruto y dicen bien: está consiguiendo el fruto que pretendían con su política: 5.622.900 personas en el paro, con una tasa del 24,47% (EPA julio 2014) y con 1.834.000 hogares que tienen a todos sus miembros activos sin trabajo.
A las cifras de parados, habría que sumar el número de personas con empleo, que trabajan menos de 40 horas semanales y declaran querer trabajar más horas: son los ‘subocupados’ que representan un total de 1.877.538 personas. También habría que sumar a las personas ‘desanimadas’ que la EPA excluye de su concepto de parado. Con estos datos, el desempleo en España asciende a 7.013.678 personas. Más de siete millones de personas, que sin trabajo o en precario, difícilmente pueden disfrutar de bienestar
Pero no solamente son los que no tienen empleo. Cada día hay más gente que vive en la pobreza, pese a tener un trabajo y un sueldo. La crisis ha propiciado que aumente el índice de la “pobreza laboral”, aquella en la que el sueldo no impide al trabajador dejar de estar bajo el umbral de la pobreza. España es uno de los países europeos con mayor desigualdad económica y el peor de la Eurozona, según los últimos datos de Eurostat. Más pobreza y menos bienestar, nos llevan a pero calidad de vida y más infelicidad.
Con la crisis y el modelo neoliberal, se han incrementado las desigualdades sociales. En España se produce una desigual distribución de la renta, con un sistema tributario injusto y regresivo. La crisis económica no está afectando a todos por igual, ni todas las rentas contribuyen con la misma intensidad al sostenimiento del gasto público. El Gobierno y el poder económico, vienen a decir: arréglatelas como puedas. No vamos a pagar impuestos para que jubilados, enfermos y parados vivan del cuento.
Es tanta la destrucción y el daño producido, que será difícil que las cosas vuelva a ser ya como antes. Los gobiernos que representan a la derecha ideológica, están derribando la estructura y la infraestructura del Estado como las conocemos, construyendo otro modelo, adaptado a sus particulares intereses, que representa a la minoría que ostenta el poder económico, en detrimento de la mayoría trabajadora. Los partidos en la oposición, deberían declarar, que si llegasen al Gobierno, derogarán todas y cada una de las normas injustas aprobadas por Rajoy; si es que quieren construir un modelo social justo.
La crisis es un golpe de estado que “distribuye la riqueza hacia arriba”, según David Harvey en su Breve historia del neoliberalismo. Por su parte Josep Ramoneda, en La izquierda necesaria, dice que el “economicismo” se ha convertido en la ideología de nuestro tiempo. Lo cierto es que el neoliberalismo ha llegado con la pretensión de quedarse, con estilo autoritario, desactivando a las instituciones democráticas y eliminando el bienestar que estábamos construyendo con lucha y esfuerzo.
La universalización de los derechos sociales como las pensiones por jubilación, dependencia, desempleo, sanidad o educación, caracterizan a un Estado social que desaparece. El Gobierno, que tiene la obligación de desarrollar políticas redistributivas activas justas y equilibradas, que garanticen, de forma real y efectiva, la libertad, la justicia y la igualdad, no lo hacen. Quienes sindical y políticamente deberían defenderlo parece que tampoco lo suficiente. Los indecentes e indeseables, aplicando políticas neoliberales, nos han quitado el bienestar que surgía, porque algo hemos hecho mal. Lo que pudo haber sido ya no lo es.