Expolio a 62.000 familias con el Real Decreto sobre energías renovables

Renovables

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece un nuevo marco legal para el sector renovable español, de tal manera que deroga toda la legislación previa sobre la cual se realizaron las inversiones en nuestro país. De esta forma, las 62.000 familias españolas que, conforme a las condiciones que ofreció el Estado español, invirtieron 20.000 millones de Euros en el desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica, ven como no contarán con los retornos que tenían garantizados por el Estado para afrontar los pagos pendientes con la banca, 18.000 millones de Euros; si el Estado, en sus populares y didácticas campañas de captación de inversores, hubiera advertido de algún atisbo de riesgo o incertidumbre, estás familias jamás hubieran destinado ni un solo céntimo, puesto que se ofreció como una inversión rentable, ética y segura.

Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, considera una irresponsabilidad absoluta aprobar una reforma de este alcance sin consenso sectorial, político, territorial ni interno en el propio Partido Popular, puesto que incluso comunidades gobernadas por el PP, como Murcia o Extremadura, han llevado al Tribunal Constitucional esta reforma.
Anpier exige que los promotores de esta nueva regulación, el Ministro José Manual Soria y el Secretario de Estado, Alberto Nadal, respondan en un futuro de las graves consecuencias que se derivarán de esta traumática imposición normativa para las 62.000 familias españolas, el Estado y la ciudadanía. A juicio del Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca: “si tan extraordinaria y sólida consideran esta reforma, a pesar de aprobarla sin el diálogo ni el consenso deseable y advertidos de las miles de demandas que deberá soportar el Estado, deberían asumir las consecuencias legales que se pudieran derivar y, para ello, renunciar a sus aforamientos; puesto que resulta disparatado que se pueda imponer una política de Estado vital, como es la energética, cuando que sus autores nunca tendrán que responder del resultado”
El 21 de Junio se manifestarán miles de productores fotovoltaicos en Madrid, frente al Ministerio de Industria, Turismo y Energía, para mostrar la situación de ruina, indefensión y desesperación que soportan y exigir que los que toman estas decisiones tenga que responder de sus consecuencias. A las numerosas demandas internacionales a las que se enfrenta el Estado español, habrá que añadir las de decenas de miles de familias atropelladas por esta retroactividad flagrante de la norma, que no van a tolerar un atentado de estas características contra sus intereses y su dignidad.
Para Martínez-Aroca “es muy triste pensar que el Estado, el conjunto de todos nosotros, soportaremos el grave riesgo de tener que indemnizar con miles de millones de Euros, via presupuestos generales del Estado, a todos los fondos de inversión demandantes y a las familias españolas productoras, porque el sistema eléctrico recorta drásticamente estos pagos mensuales y, sin embargo, sobre-retribuye tecnologías e instalaciones ya amortizadas, como nucleares e hidráulicas, tal y como señala la propia Unión Europea, que ha identificado ésta sobre-retribución como causa del déficit de tarifa español”.
España ha perdido la gran oportunidad que aprovechan otros países de referencia del mundo y de la Unión Europea para articular un modelo energético rentable, responsable, seguro y sin hipotecas geoestratégicas con otros países, tal y como ya ha hecho Alemania y Reino Unido, que han visto en las renovables el pilar esencial de un futuro sostenible de progreso y bienestar; mientras en España, a pesar de su potencial, se cercena de cuajo la producción renovable y su proyección, para quedar a merced de combustibles fósiles y contaminantes traídos del exterior, que benefician a un pequeño grupo de empresas.
El Gobierno ha satanizado socialmente a las tecnología renovables, culpándolas de todos los males del sistemas y advirtiendo de sus costes de manera sesgada, sin tener en cuenta que bajan el precio de la energía, ahorran pagos por emisiones y generan empleo, por lo que el saldo final es favorable a estas tecnologías, así lo ven en los países de referencia mundial, que consideran además que las renovables ofrecen un entorno seguro para las personas y su entorno.