Rafael NarbonaEl ex Presidente Felipe González se ha manifestado a favor de una coalición entre el PP y el PSOE: “Si el país lo necesita, lo deben hacer”. Imagino que el principal fontanero de la Transición se expresó de la misma manera cuando se entrevistó con Manuel Fraga para obtener su apoyo en la guerra sucia contra ETA. Al parecer, Fraga le contestó que aprobaba su estrategia y que jamás afearía su decisión.
El responsable de la masacre de Vitoria-Gasteiz y los asesinatos de Montejurra ya estaba familiarizado con el terrorismo de estado y no le importaba mancharse las manos de sangre una vez más. Felipe González agradeció su colaboración y ordenó que comenzaran los atentados, tal vez con el conocimiento de la Casa Real, pues el CESID siempre informaba en primer lugar a Juan Carlos I y parece improbable que desconociera una operación cocinada en la cúpula del poder. El ex policía José Amedo siempre ha afirmado que González fue el creador de los GAL y que levantaba el pulgar cada vez que le informaban de un asesinato. Creo que ese gesto refleja la magnitud de su miseria moral como político y ser humano.
En 1982, Felipe González capitalizó los votos de la izquierda. Nadie imaginaba que aplicaría un durísimo ajuste económico, basado en una feroz reconversión industrial, la creación de los contratos basura, el recorte de las prestaciones de desempleo, la legalización de las empresas de trabajo temporal y el fin de las subvenciones de ciertos medicamentos prescritos por la Seguridad Social (el famoso “medicamentazo”). Incumpliendo sus promesas electorales, Felipe González consiguió la plena integración de España en la OTAN y envió tropas a la Primera Guerra del Golfo en 1991, prestando bases y aeropuertos para los bombardeos de Irak, donde murieron al menos 5.000 civiles y unos 30.000 combatientes iraquíes, casi siempre aniquilados por la maquinaria bélica norteamericana sin ofrecerles la oportunidad de rendirse. Los escándalos de corrupción, el encarcelamiento de los insumisos al Servicio Militar y a la Prestación Social Sustitutoria (casi siempre en régimen FIES, creado en 1989 por Antoni Asunción, Ministro de Interior), la dispersión penitenciaria y el terrorismo de Estado completan un cuadro desolador que malogró los sueños de un socialismo real y revolucionario. No está de más recordar los casos de Lasa y Zabala, ambos de veinte años, secuestrados en Francia, torturados en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo y asesinados a sangre fría por los agentes Enrique Dorado y Felipe Bayo, cumpliendo órdenes directas del general Galindo y el socialista Julen Elgorriaga, Gobernador Civil de Guipúzcoa. También hay que incluir en el catálogo de infamias del gobierno de Felipe González la muerte de José Manuel Sevillano Martín, militante del GRAPO que mantuvo una huelga de hambre de 175 días, pidiendo el fin de la dispersión penitenciaria. Enrique Múgica, Ministro de Justicia, declaró que “la huelga de hambre era ficticia” y que se mantendría la dispersión “por justa y necesaria”. Cuando falleció Sevillano, extenuado tras dos infartos y horribles sufrimientos físicos y psíquicos, se prohibió a su mujer y a su hija Aida que se despidieran de sus restos mortales.
En los ochenta, la tortura era el procedimiento ordinario de las Fuerzas de Seguridad del Estado, según los testimonios del prestigioso antropólogo Francisco Etxeberria. No se torturaba tan solo a los militantes de ETA. El simple chorizo que robaba un radiocasete también sufría malos tratos en las comisarías de la Policía o en los cuarteles de la Guardia Civil. Sería injusto atribuir a Felipe González la implantación de un método que se había aplicado sistemáticamente desde la primera hora de la sublevación militar de 1936. Lejos de acabar con esa lacra, Felipe González proporcionó nuevos instrumentos para perpetuar la tortura. La Ley Orgánica 9/1984 –aún vigente- estableció un período de incomunicación de cinco días prorrogables hasta trece. En ese tiempo, el detenido no puede hablar con un abogado ni con un médico de su elección y ni siquiera su familia es informada de su paradero. Se puede hablar de un secuestro o desaparición temporal que se ha empleado para torturar con impunidad. Las víctimas de esa aberración jurídica han soportado suplicios tan inhumanos como la bañera, la bolsa, la barra, el quirófano, el misionero, la privación de sueño, los abusos sexuales y los simulacros de ejecución. La Fundación Euskal Memoria estima que cerca de 10.000 vascos han sido torturados en los últimos 50 años. Sólo entre 1978 y 1988 se detuvo a 7.370 y el 40% denunciaron torturas. Desde entonces, se han producido otros 1.700 casos.
Al declararse partidario de un pacto de estado entre el PP y el PSOE, Felipe González se ha quitado definitivamente la careta, evidenciando que no cree en la democracia ni se inquieta por el sufrimiento de la clase trabajadora. Desde que comenzó la crisis, se han recortado libertades y derechos, empujando a la pobreza a millones de personas, niños incluidos. Desahucios, malnutrición infantil, bajada de salarios, paro masivo, brutalidad policial, exclusión sanitaria de los inmigrantes sin papeles, leyes represivas que limitan la libertad de expresión, el derecho de manifestación o el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, privatización encubierta de la sanidad y la educación, supresión de becas y servicios sociales. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, se han destruido más de un millón de puestos de trabajo y se ha promovido el empleo basura, que permite explotar al obrero y rescindir los contratos al antojo de los empresarios. Se han socializado las pérdidas de la banca y se ha amnistiado a los grandes defraudadores, sin adoptar medidas para combatir el colosal fraude fiscal (72.000 millones de euros al año). Emilio Botín ha felicitado a Mariano Rajoy y el IBEX 35 no oculta su regocijo. La Troika también se muestra complacida, pero exige nuevos recortes para cumplir el pacto fiscal que ha fijado para 2020 unos objetivos (reducir la deuda al 60% del PIB, contener la inflación en un 3%) que implicarán un gigantesco recorte de 400.000 millones de euros. Dicho de una forma sencilla: ha prevalecido la inhumanidad y la barbarie. Felipe González apuesta por continuar en esa dirección. Su actitud solo corrobora que la Transición fue un cuento y que desde entonces sufrimos los abusos de un régimen cada vez más intolerante y represivo.
La abstención activa es un recurso legítimo, pero no creo que invierta el curso de la historia. La sociedad debe seguir el ejemplo de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y luchar por sus derechos, sin dejarse intimidar por una policía con barra libre para aporrear, humillar o multar a los activistas sociales. La historia juzgará a Felipe González y, si es justa, no será benévola. Personalmente, creo que debería acabar en el banquillo de la Corte Penal Internacional, acompañando a José María Aznar, su viejo antagonista. Ambos se implicaron en guerras inmorales e ilegales y han tolerado y promovido la tortura. Así los prueban las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los informes de Amnistía Internacional, por citar solo dos ejemplos. Si el PP y el PSOE pactan, se confirmará que la soberanía popular solo es un principio retórico y no una realidad. Podremos hablar de dictadura sin exagerar un ápice. Mientras el pueblo trabajador sufre lo indecible, los canallas que nos gobiernan se marcharán de crucero en una nueva versión del Azor (el célebre yate del Generalísimo), felices de haber obrado el milagro de transformar el franquismo en autoritarismo parlamentario. La historia de España ha dibujado un bucle y ni siquiera tenemos a un Miguel Hernández, apilando versos llenos de rabia y esperanza:
Cantando espero a la muerte,
que hay ruiseñores que cantan
encima de los fusiles
y en medio de las batallas.
Si la Audiencia Nacional leyera esta estrofa, ordenaría a la Guardia Civil que detuviera al poeta. Nada ha cambiado en la España negra y cainita que combina la mitra, la toga y el tricornio para acallar el viento del pueblo.
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